El conflicto entre la UASLP y el gobierno del estado es resultado de un encuentro de arrogancias prepotentes que busca el sometimiento mutuo a intereses ajenos a la naturaleza de ambas instituciones.
Discutir el significado de la palabra “autonomía” no tendría sentido si no es para actualizarlo adecuándolo a espacio y tiempo mejorando sus efectos.
La reelección del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se asomó al balcón principal de su edificio central como una expresión tradicionalista, rezagada.
Encerrada por su muro de “autonomía” la Universidad de hoy no es identificada por la población del estado como institución de vanguardia en el proceso de desarrollo del estado, que aparentemente se niega a modificar sus planes de estudio actualizándolos a las necesidades de los campos en los que sus egresados se van a incorporar al concluir sus estudios profesionales.
El cerco autónomo debe actualizarse para precisar su vigencia en tiempo y forma. La libre expresión de las ideas, la divulgación del conocimiento, el libre ejercicio de la investigación, la formación de las nuevas generaciones de profesionistas en disciplinas que benefician directamente a la población, forman un conjunto para el que es indispensable un contexto autónomo, pero hay puntos en los que la autonomía carece hoy de vías para que la institución se nutra de los recursos económicos y materiales suficientes, al tiempo que actualiza sus formas para derramar los beneficios de las ciencias sociales, económicas y técnicas hacia la sociedad en que la institución se encuentra inmersa.
Como escudo de protección, el significado de “autonomía” se rezagó al equipararse como el significado de “extraterritorialidad”, “impunidad” y “casta” que generan ciertas conductas arrogantes que se pueden interpretar como un sello de distinción ante el resto de la sociedad.
Por eso el muro autónomo separa la política partidista y el ejercicio gubernamental de la vida interna de la institución. Por eso la UASLP no encuentra la vía en que la entrega de recursos económicos se cumpla como una obligación separada de la arrogancia y prepotencia de los personajes que aspiran a una correspondencia agradecida que incluya la penetración política de las estructuras universitarias.
El doctor Alejandro Zermeño Guerra carece de habilidades políticas para ampliar el calibre de las vías de nutrición económica oficial a la UASLP, tampoco tiene una visión futura para cimentar la excelencia académica. Su contraparte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, personaliza el manejo de la hacienda pública y negocia con ella con argumentos políticos que exceden el respeto a la distinta naturaleza institucional.
Es indispensable que ambas partes y sus respectivos equipos analicen con responsabilidad la situación conflictiva y aporten los beneficios que reclaman todos los sectores de la población potosina para el beneficio común.
TIEMPO DE PEQUEÑOS GIGANTES
Las grandes figuras de la política que se disputan ahora alguno de los altos cargos de elección en proceso de renovación, dependen del quehacer de miles de líderes locales que buscan los cargos más modestos mediante campañas sencillas pero cercanas a un electorado más inclinado al abstencionismo que a la participación el día de la elección.
Es paradójico que los recursos que se mueven en la esfera de la elección federal, quienes aspiran a la presidencia de la república, al senado y a la cámara de diputados dispongan de una cantidad significativamente mayor que los subsidios asignados por los órganos electorales para quienes buscan las alcaldías de los municipios más pobres de este país, en los que radican la inmensa mayoría de los mexicanos catalogados entre los más pobres y desiguales.
Son los aspirantes a alcaldes, a regidores y síndicos quienes realizarán labores básicas para alentar la participación de la gente en las urnas el día de la elección. Las campañas federales gozan de mayores recursos en la medida que son más relevantes los cargos que se buscan. El peso de la elección, sin embargo, se soporta desde las bases de los más modestos candidatos a alguno de los cargos municipales o estatales.
Hasta este momento pocos reparan en la presencia de los partidos como organismos encargados de hacer campaña, pese a ser receptores directos de los recursos asignados por el INE (o por el CEEPAC en el caso de nuestro estado) y son ellos los encargados de una distribución para apoyar desde los desplazamientos de sus candidatos hasta cubrir los costos de su propaganda en este periodo de campañas.
La comprobación de los recursos, como se sabe, debe realizarse mediante la documentación que se entrega al final del periodo de campañas y que es emitida por los proveedores debidamente registrados ante los órganos electorales, sin que haya posibilidad de hacerlo de manera distinta.
Como bien es sabido, el apoyo económico que los particulares aportan en un porcentaje señalado en las leyes federal y estatal, no permean hasta los niveles modestos de la escala de gobierno en renovación. Evidentemente los resultados de la votación se alcanzan mediante el trabajo de quienes aspiran a cargos más cercanos a la ciudadanía en un proceso que es inversamente proporcional al destino de los recursos oficiales y privados destinados a las campañas.
Por las razones aquí expresadas, es que los partidos todavía no disponen de métodos selectivos para llevar a las personas más importantes para sus comunidades para sustentar el peso de las campañas en los niveles más importantes para formar gobierno.
Sin embargo, es un contrasentido que los cargos más modestos son destinados a personas que luego son ignoradas pese a ser líderes en las comunidades que buscan gobernar. Los candidatos a cargos federales o estatales son petulantes y desdeñan al grupo de personas que aceptan una regiduría o una sindicatura cuando deberían ser estos personajes quienes alienten la participación de sus conciudadanos en las urnas.
Por ejemplo: ¿usted ya conoce la propuesta de cada partido para los cargos en juego en su ciudad o municipio? No hay estímulos para las contiendas.
EL COTARRO POLÍTICO
El doctor Miguel Lutzow, el ingeniero Leopoldo Stevens y ahora Rolando Hervert Lara comparten la acusación común del uso ilegal de recursos públicos. Pero, además, el trío pudiera argumentar en su favor la condición de “presos políticos” … Al paso que vamos, el próximo sexenio estatal pudiera triplicar el número de casos penales por razones de venganza política… Si no hay incumplimiento de la palabra empeñada, David Azuara Zúñiga y Juan Carlos Valladares Eichelmann serán diputados federales por los distritos 05 y 06 correspondientes a la capital del estado… De aquí a tres años volveremos a saber de ellos… La presidencia de la Comisión Especial de Pensiones del Grupo Cotizador del Subsistema de Telesecundaria, consideró positiva una iniciativa de ley para reformar el párrafo primero y adicionar los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 28 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí. “Lo que prevé es que las dependencias, ahora sí, informen a la Secretaría de Finanzas, y qué bueno que hoy el artículo contemple que sea una situación de ley. Pero aparte de eso es importante que se les destinen los recursos reales”. ¿Y quién es “la presidencia”? preguntó el terrible Manolo. El boletín del Congreso no lo señala… Efecto de las vacaciones, ya sabe usted… HASTA LA PRÓXIMA.
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