Solarium

· Las fuentes de empleo en México

Más allá del papel político que desempeña el gobierno –en sus tres niveles– le corresponde un papel económico que en algunas zonas del país llega a ser determinante. Sin el gasto directo no habría movimiento en algunas ciudades ni en algunas comunidades cuya dependencia del gasto público llega a ser vital.

La política de austeridad que anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene cuerpo todavía. Sin embargo, una buena parte de la burocracia federal, específicamente la que tiene el nivel de “confianza” se apresta al retiro sin remedio. Y los que logren quedarse, lo harán en condiciones de franca desventaja frente a los empleos que genera la empresa privada para cargos de similar responsabilidad.

Se acerca, pues, una etapa de desajuste económico cuya restauración podría tener consecuencias de largo plazo. No trato aquí de presentar una defensa para los miles de hombres y mujeres, algunos con edades que han rebasado la etapa en la que pueden ser incluidos como aspirantes en cualquier otra fuente de empleo, sino de las consecuencias que el despido masivo de personal con salarios equiparables a los de ejecutivos medios en las empresas, haría sentir en las capitales de los estados y en las principales ciudades del país.

Un artículo de María Fernanda Navarro publicado en el portal de la revista Forbes el 25 de julio de este año, señala que el recorte afectará a 222,515 trabajadores de confianza en todo el país, que representan el 70 por ciento de los trabajadores contratados bajo ese esquema.

Con salarios que no guardan esquemas iguales en las dependencias federales, no es posible estimar el monto del dinero que dejará de circular en las economías regionales. El lado oscuro del asunto es que las dependencias federales pudieron haber contratado personal en exceso y haberle asignado salarios muy superiores a su responsabilidad.

El reacomodo del personal de confianza será mínimo y bajo criterios distintos. El ajuste laboral en el esquema de confianza dependerá de las consideraciones que al respecto hagan quienes han sido nombrados como representantes del gobierno federal en cada entidad del país, no obstante, los puestos con salarios más altos serán los que centren la atención de los titulares de las representaciones en los estados.

La coincidencia de los cambios en las administraciones municipales generará un impacto adicional. Sin embargo, la entrega de liquidaciones legales a los despedidos podría significar un atenuante en el cambio que sufrirá la burocracia como distribuidora de un ingreso que será reducido en el corto plazo.

En tanto no haya información concreta de las dependencias federales acerca del volumen de despidos, la cantidad que se destinará a las liquidaciones, el posible destino de los liquidados seguirá siendo azaroso. Para el caso de San Luis Potosí no hay todavía cálculos aproximados de los empleados que serán despedidos ni de los fondos que les serán entregados como liquidaciones. Entre tanto, tampoco se sabe de algún plan para captar esos trabajadores en alguna rama de la iniciativa privada.

LA PREOCUPACIÓN PERSISTENTE

San Luis Potosí enfrenta crecientes demandas en diferentes renglones de la dinámica de desarrollo y ninguno de los hombres que encabezan el poder público trabaja para atenderlas con oportunidad y suficiencia. Apresurados por dar satisfacción a la cantidad, hemos dejado atrás la calidad de la oferta y la capital del estado acumula problemas sin remedio.

Por si fuera poco, el deterioro de las dependencias encargadas de dar satisfacción a la demanda de los servicios municipales pesa sobre cualquier intento por modificar el panorama. La decisión del ayuntamiento de Soledad de separarse de Interapas porque no dispone de recursos suficientes que le permitan atender sus obligaciones como organismo administrador del sistema de agua potable al que están conectados más de 300 mil usuarios, refleja la gravedad del problema mientras son mayores cada vez las demandas de agua en nuevos fraccionamientos construidos como parte del crecimiento industrial que vive la ciudad.

El gobierno de la ciudad que se apresta a iniciar trabajos, colocará microscopios en cada una de las dependencias municipales al hacerse cargo de ellas, pero no dispone de proyectos concretos para atender la problemática en mención. Al ciudadano le preocupa tanto el buen desempeño de una administración como de la otra. Pero censura que el resultado de su entrega-recepción esté dirigido más a desprestigiar a su antecesor que a estructurar medidas que resuelvan la problemática.

Así, sin una plantilla de viviendas suficiente para atender la creciente demanda, índices deficitarios en varios renglones de los servicios públicos municipales, y poca imaginación para orientar el trabajo municipal con éxito, es poco probable que la ciudad llegue a resolver los problemas de movilidad que tiene ahora. San Luis podría duplicar la superficie de terreno urbanizado en corto plazo y su gobierno carece de suficientes recursos para hacer realidad su crecimiento y su desarrollo.

Con un retraso acumulado por décadas, con una serie de conflictos persistentes, la capital del estado sobrevive al reto en condiciones lamentables. Los organismos ideados para estructurar su desempeño a largo plazo –el IMPLAN, por ejemplo- no disponen de la autoridad necesaria que oriente el quehacer municipal con miras a un futuro próximo. Esta ciudad enfrentará demandas de agua, drenaje, vialidades, seguridad y otros, sin haberlo previsto y sin tener recursos a la mano.

La fractura entre los planes municipales y los estatales no permite esperar soluciones en el corto plazo. Y las inversiones previstas en los rubros federales para el apoyo municipal se someten a consideraciones totalmente ajenas al interés general de la población. La conclusión más próxima está matizada por la incertidumbre.

La sensación de rezago con respecto a otras capitales de estados cercanas no desaparecerá mientras no haya conjunción de voluntades y se conjunten inversiones para modificar el futuro de San Luis. Cerrar el paso a los conflictos es una condición indispensable.

EL COTARRO POLÍTICO

El 90 por ciento del pavimento de nuestras calles, está dañado…Cómo pueden ponerse exigentes nuestros constructores si no demuestran calidad… La vicepresidenta de la Diputación permanente del Congreso del Estado, diputada Lucero Jasso Rocha explicó que la reforma al artículo 138 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí establece que los ayuntamientos tendrán un plazo no mayor de dos meses (y no de tres como estaba anteriormente) para pronunciarse a favor o en contra de las adiciones o reformas que les sean enviadas por el Congreso; este plazo comenzará a partir de la recepción de las mismas. De no pronunciarse en el plazo estipulado se les tendrá por conformes con los términos y, por tanto, aprobadas las adiciones o reformas enviadas por el Congreso. Este ajuste constitucional de reducir el plazo de tres a dos meses, hará que el proceso legislativo sea más eficiente, obteniendo como consecuencia un mejor desempeño dentro de los tiempos del mismo, eliminando además la sanción en caso de pronunciarse por el efecto mismo de la afirmativa ficta… El regidor del Partido del Trabajo, PT, Martín de Jesús Vázquez López, dice que el presidente municipal electo de la capital potosina Xavier Nava Palacios, no ha permitido que se integre la comisión de Entrega-Recepción. Dice que se acreditó debidamente con cartas credenciales expedidas directamente por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEEPAC… Durante la décima novena sesión ordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) se dio por concluido de manera formal el Proceso Electoral Federal 2017-2018 desarrollado en la entidad potosina. Lo anterior, luego de 11 meses de actividades a cargo de la autoridad pero de la mano con la ciudadanía que se fue incorporando al proceso electoral en las diversas etapas… Marite Hernández Correa, diputada electa de MORENA, supone que los actuales legisladores pretenden terminar su gestión violando la Constitución, al adelantar en dos meses la revisión de las cuentas públicas que por ley debe darse en el primer periodo ordinario de sesiones, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 53. “Lo grave, claro está, son las irregularidades que pudieran estarse encubriendo con esta premura para autorizar cuentas públicas; cuentas de Ayuntamientos y de otros entes auditables que corren el riesgo de estar plagadas de anomalías, como hemos visto en años anteriores; esto da mucho que pensar, pues como dice el compañero del PT, Pedro Carrizales, qué prisa tienen”, comentó… Y yo comento. La diputada le echa mucha crema a sus tacos. Ella puede pedir que su legislatura vuelva a revisar esas cuentas públicas y si no lo sabe me parece que es mal indicio de su gestión futura. Si los diputados nomás van a grillar y a decir cosas así, ningún cambio habrá en esta entidad… Más serios pues… El terrible Manolo dijo sentir que la carga se le iba pa’tras y salió corriendo… HASTA LA PRÓXIMA

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