La intención de desaparecer los organismos públicos electorales locales –en el caso de San Luis Potosí el CEEPAC- está más viva que nunca y es real, por el simple hecho que el partido en el poder, es decir, MORENA así lo ha decidido.
Cree el presidente Andrés Manuel López Obrador que los organismos locales obedecen precisamente a intereses locales, a círculos de poder que él no controla y por lo tanto, lo más fácil es exterminarlos y centralizar los procesos electorales.
Platicando con el ex presidente del organismo local Martín Vázquez Vázquez, hizo varias reflexiones sobre el tema que es conveniente abordar para tener un panorama más claro sobre el tema.
A partir de la reforma electoral de 2014, el sistema nacional electoral se estructuró como un modelo mixto en donde los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) trabajan coordinadamente con el Instituto Nacional Electoral (INE).
El INE se encarga de organizar las elecciones a nivel federal y los OPLE las elecciones a nivel local. Desde el inicio este modelo fue criticado porque creaba un sistema electoral híbrido que no era ni federalista, ni centralista.
Se diseñó una quimera institucional cuyas bondades no compensaban las dificultades que generó. Aunque las críticas iniciales no encontraron eco, el ejercicio de las nuevas facultades y atribuciones por parte del INE las probó correctas. En la práctica se ha privilegiado la centralización electoral y se ha debilitado a los OPLE a través de diversos mecanismos.
Uno de los principales aspectos que se buscó corregir en la reforma electoral de 2014 era la fuerte influencia de actores políticos en las decisiones de los institutos electorales, particularmente de los gobernadores por la vía de los congresos locales. El razonamiento era que las designaciones de las y los consejeros electorales recaían en actores políticos y estos aprovechaban el apalancamiento que les daba el haber apoyado una designación para, de forma cada vez menos sutil, buscar influir en las decisiones de las autoridades electorales estatales para su propio beneficio.
Por eso, uno de los aspectos centrales de la reforma fue el cambio del procedimiento de designación de los y las consejeras electorales locales, responsabilidad que asignó al INE.
De forma complementaria a la facultad de designar, el INE también cuenta con la facultad de remover a los consejeros y consejeras locales, lo cual se hace partir de un procedimiento que lleva a cabo la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del órgano nacional.
A la fecha un número importante de consejeras y consejeros han sido removidos, en algunos casos −como el de Chiapas− por actuaciones negligentes (por no decir contrarias a la ley) en el desempeño de sus funciones, pero otros −como la consejera presidenta en Colima− por desaciertos que si bien no son deseables, sí son comunes en el desempeño de la función.
Estos procedimientos de remoción han sido perjudiciales para la autonomía e independencia de las autoridades electorales, pues ahora los partidos políticos los utilizan como una forma de chantaje político cuando están inconformes con alguna decisión o actuación del órgano electoral local.
La reforma electoral buscaba homologar la calidad de las elecciones en todo el país mediante la unificación de los criterios y mecanismos de ingreso, capacitación y promoción de los funcionarios electorales en todo el país, por lo que una de las medidas adoptadas fue la creación del Servicio Profesional Nacional Electoral. Desafortunadamente, el arreglo normativo resultante lo hizo tan complejo que a la fecha no se ha terminado de poner en práctica por parte del INE.
Otro efecto de la reforma electoral de 2014 es que puso a los OPLE en la mira de ataques por parte de los gobernadores y congresos locales, lo que se hace mediante las asignaciones presupuestales pues son los congresos locales los que, a través de las leyes de egresos, asignan el presupuesto a los OPLE y con la oportunidad en la entrega de estos recursos por parte de la administración local.
Las asignaciones presupuestales se hacen después de que los OPLE envían un proyecto de presupuesto a los gobiernos de cada entidad, quienes a su vez lo presentan al congreso correspondiente, donde se decide si esta petición se acepta en sus términos o si se ajusta, lo que generalmente ocurre a la baja. Por su parte, los gobiernos locales son los encargados de la entrega del presupuesto asignado, lo cual no siempre ocurre en tiempo.
Estos presupuestos se conforman con recursos necesarios para la operación cotidiana de los institutos (nóminas, servicios públicos, rentas si es el caso, etc.), actividades permanentes como promoción de la participación ciudadana y educación cívica, y las propias de la organización de las elecciones como: impresión de documentos y materiales electorales, publicación de los resultados preliminares, declaración de validez de las candidaturas ganadoras y otorgamiento de constancias en las elecciones locales, por mencionar algunas.
Al perder los gobernadores y congresos locales el control sobre la designación de los integrantes de la autoridad administrativa electoral, encontraron como mecanismo de injerencia y presión la asignación de recursos económicos para el funcionamiento del órgano electoral.
Por lo que a partir de 2014 limitar o negar el presupuesto a los OPLE y más recientemente al INE se ha convertido en una herramienta de los Congresos para presionar a los institutos y condicionarlos a su influencia política.
Los órganos locales han visto afectado su presupuesto en mayor o menor medida, y han tenido que recortar algunas áreas de trabajo para sacar a flote la organización de las elecciones. Tal fue el caso en Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca y Tlaxcala, entre otros, en 2018, al recibir un presupuesto significativamente menor al que habían solicitado.
En esta misma situación se encuentran los OPLE de Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz en este 2019.
La asignación de recursos económicos a los órganos electorales tiene repercusiones directas en el funcionamiento y las capacidades de los institutos, así como en la calidad de las elecciones que organizan.
La disminución de recursos y la falta de oportunidad en su ministración, limita las capacidades de los institutos electorales y pone en riesgo el desempeño de su labor, limitando la posibilidad de atender las áreas de oportunidad y perfeccionamiento de los procesos electorales en las entidades.
Aunado a lo anterior, estos recortes también afectan la capacitación del personal y por tanto, la profesionalización de los propios OPLE. Al contar con los recursos necesarios, los OPLE tendrán mayor capacidad de profesionalización del órgano, mejor capacidad de organización para las elecciones, incluido disposición de material y personal suficiente para las mismas.
Al analizar los presupuestos asignados a los OPLE en 2019 en principio pueden parecer elevados, pero esta percepción desaparece si se desagregan los montos de las prerrogativas que deben entregar a los partidos políticos, las cuales en algunos casos representan hasta el 53% del total del presupuesto aprobado por los órganos legislativos a las autoridades electorales.
La reforma electoral de 2014 puede considerarse reciente todavía. Apenas dos procesos electorales se han organizado bajo el nuevo modelo, uno intermedio y uno presidencial. Tanto en las elecciones concurrentes de 2015, como las de 2018 ha quedado demostrado que es viable un sistema mixto y si bien también se ha desvelado la necesidad de hacer algunos ajustes, estos deben buscar fortalecer a los órganos electorales locales.
Un aspecto necesario es terminar de implementar el sistema profesional nacional electoral para contar con funcionarios electorales con los mismos niveles de profesionalización en todo el país.
Es primordial no perder de vista que la Constitución establece un modelo federalista de organización de elecciones y para que este funcione adecuadamente la fortaleza, autonomía e independencia de los OPLE es imprescindible. En este sentido, el presupuesto y la designación imparcial y profesional de las y los consejeros, son fundamentales.
Obstaculizar o limitar las capacidades de los organismos deja a los institutos en una situación precaria y les impide completar a cabalidad sus funciones, sin mencionar que las presiones partidistas terminan minando la independencia de los institutos y su eficacia como árbitros de las contiendas electorales.
Fomentar que sea el INE el organismo encargado de la organización y supervisión de todos los comicios es desestimar las capacidades y aportaciones de los OPLE, lo que pasaría también por desperdiciar personal, instalaciones y materiales.
CONTRASEÑA
Intensas jornadas de trabajo llevan todos los organismos gubernamentales en el combate al incendio forestal en varias comunidades de Rioverde, cerca de la Media Luna, que ya lleva varias decenas de hectáreas consumidas…el Gobierno del Estado puso al alcance de la Dirección de Protección Civil todos los recursos necesarios, helicópteros, pipas con agua, bomberos, socorristas de la Cruz Roja Mexicana, elementos del Ejército Mexicano y de corporaciones policiacas federales, estatales y municipales para abatir en el menor tiempo posible este siniestro…La tarea no es menor, ya que se trata de uno de los incendios más feroces que se recuerden en esa región y los esfuerzos se centran en evitar que llegue a los grandes centros poblacionales que se encuentran en ese perímetro en la zona media. Se trata de un gran esfuerzo que requiere la participación de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil…HASTA LA PROXIMA.
Twitter @lozano_ray
