La reforma a la ley de amparo se trasladará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y aunque en primera instancia puede echarla abajo, queda la posibilidad de un nuevo intento en caso de que el partido en el poder conserve la Presidencia de la República, señaló el abogado José Mario de la Garza Marroquín.
Esta semana que concluye fue aprobada la reforma a la ley de amparo, mediante la cual, los amparos que se obtengan ya no podrán ser extensivos más allá de sus promotores y ya no podrán incluir la suspensión de la aplicación de leyes; en Exclusiva para EL SOL DE SAN LUIS, el ex presidente de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario De la Garza, consideró esta reforma como algo delicado, “nos preocupa mucho que se elimine las posibilidades de suspender durante la transición de los juicios de amparo la aplicación de leyes”.
Destacó que la función del juicio de amparo, es proteger a la ciudadanía de los abusos de autoridad o de violaciones a sus derechos humanos, por lo que al eliminar la suspensión de leyes, se pierde la esencia de este recurso legal, “que se le quite fuerza a la suspensión realmente es un retroceso, realmente es una afectación a la protección de los derechos humanos”.
Ante las advertencias respecto a que se promoverá una acción de inconstitucionalidad en contra de esta reforma, el abogado se mostró convencido de que la Suprema Corte la va a declarar inconstitucional “porque el mecanismo de suspensión está previsto en la Constitución”.
Sin embargo reconoció que hay un escenario complejo dado el proceso electoral, pues en caso de que el partido en el poder conserve la Presidencia de la República, podrá postular a un nuevo magistrado o magistrada, con lo que puede obtener la mayoría, y por ende, el control de la Corte para entonces dejar avanzar reformas como la mencionada.
Y es que actualmente se asume a las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz como afines al partido en el poder, por lo que al llegar un ministro o ministra más, con cuatro votos tendrían la mayoría, “podría ahorita declararse inconstitucional, y volverse a presentar después, es un tema latente”.
Finalmente, insistió en que a pesar de que la narrativa oficial es que el juicio de amparo afecta al gobierno y atenta contra los ciudadanos, en realidad es mecanismo para proteger a la población de violaciones a sus derechos humanos.
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