La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya desaprovechado el debate del día de ayer para eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México.
“Se debe tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de la libertad, incluso por más de una década”, recordó en un comunicado Guillermo Fernández Maldonado, representante de la ONU-DH en el país.
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Al respecto, señaló que los ministros dejaron ir una oportunidad para que la Constitución mexicana se apegue a los compromisos internacionales firmados en materia de derechos humanos, sobre todo en lo que respecta a libertad personal, el debido proceso y presunción de inocencia.
Por ello, sostuvo que la ONU-DH reitera las recomendaciones emitidas al gobierno de México en la materia, ya que considera que existe la necesidad de derogar la figura de la prisión preventiva automática de la Carta Magna, pues va en contra de las garantías individuales.
“Diversos mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y la propia ONU-DH han coincidido en señalar la incompatibilidad de la PPO con los tratados internacionales de los que México es parte. En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, reiteró.
En la semana, la SCJN sometió a debate por segunda ocasión en el año la eliminación, derogación o modificación de la prisión preventiva oficios, discusión que al igual que en septiembre pasado no logró un consenso positivo a favor del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, por lo que la medida cautelar seguirá contemplada en el Artículo 19 de la Constitución.
Dicho documento proponía que la prisión preventiva no se aplicara de manera automática cuando al implicado se le acusa de alguno de los ilícitos contemplados en este apartado constitucional, sino que el juez abriera un análisis individual del caso para sopesar si el acusado permanecía preso o no mientras se determinaba su culpabilidad.
Sin embargo, a pesar de que el grueso de los ministros −salvo las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel− se posicionaron en contra de la aplicación oficiosa de la medida cautelar, sólo cuatro, además del ponente, acompañaron el proyecto. Los demás se separaron al no estar de acuerdo con la reinterpretación del Artículo 19.
“A mí me parece que esta segunda interpretación no es sostenible constitucionalmente y no es sostenible técnicamente y es una creación, lo digo con todo respeto, artificial de nosotros como intérpretes”, aseguró el ministro presidente Arturo Zaldívar.
Respecto al resto del proyecto del ministro Aguilar Morales, la ONU-DH aplaudió que la Suprema Corte haya logrado una mayoría de nueve votos para echar atrás la reforma impulsada por Morena y sus aliados, la cual agregó al contrabando, la defraudación fiscal y los delitos relacionados con facturas dentro del catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva automática. No obstante, alentó a que esto suceda con todos los presuntos crímenes.
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