/ martes 22 de noviembre de 2022

Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción no ha canalizado ninguna denuncia al PJ

El año pasado se recibió solamente una relacionada con un funcionario municipal: magistrada Olga Regina García López

Aunque se han denunciado públicamente diversos hechos de corrupción, sobre todo a nivel estatal, la fiscalía especializada no ha canalizado ni una sola denuncia por este delito al Poder Judicial, señaló la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

García López manifestó que en lo que va del año, el Poder Judicial no ha recibido ni una sola denuncia por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, inclusive el año pasado recibió solamente una relacionada con un funcionario municipal.

Precisó que el Poder Judicial ha recibido este año alrededor de cinco denuncias relacionadas con hechos de corrupción, pero todas han sido canalizadas directamente por la Fiscalía General del Estado, no por la fiscalía que fue creada para tratar estos asuntos específicamente.

Las denuncias recibidas están relacionadas con ex funcionarios estatales que se vieron involucrados en mal uso de los recursos públicos, y los casos siguen en proceso, es decir, aún no se dicta sentencia en ninguno de ellos.

En otro tema, la Presidenta del Poder Judicial informó que en los próximos días se presentará un proyecto para crear un nuevo juzgado familiar en la Capital potosina, mismo que ayudará a desahogar los asuntos en esta materia, que es la que más casos procesa; este sería su último proyecto como Presidenta del Poder Judicial pues está por darse el relevo en la institución.

Señaló que uno de los proyectos más importantes que quedará pendiente, es la construcción e la Ciudad Judicial en Ciudad Valles, sin embargo manifestó que en el Poder Judicial están conscientes de dicha necesidad, por lo que se mostró confiada en que quien llegue a sucederla, retomará ese proyecto.

Finalmente, reiteró que la propuesta de presupuesto para 2023 fue similar a la de 2022, con un aumento equivalente a la inflación y para cubrir necesidades básicas del Poder Judicial, como son la contratación de traductores y peritos, sobre todo para justicia laboral.

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Aunque se han denunciado públicamente diversos hechos de corrupción, sobre todo a nivel estatal, la fiscalía especializada no ha canalizado ni una sola denuncia por este delito al Poder Judicial, señaló la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

García López manifestó que en lo que va del año, el Poder Judicial no ha recibido ni una sola denuncia por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, inclusive el año pasado recibió solamente una relacionada con un funcionario municipal.

Precisó que el Poder Judicial ha recibido este año alrededor de cinco denuncias relacionadas con hechos de corrupción, pero todas han sido canalizadas directamente por la Fiscalía General del Estado, no por la fiscalía que fue creada para tratar estos asuntos específicamente.

Las denuncias recibidas están relacionadas con ex funcionarios estatales que se vieron involucrados en mal uso de los recursos públicos, y los casos siguen en proceso, es decir, aún no se dicta sentencia en ninguno de ellos.

En otro tema, la Presidenta del Poder Judicial informó que en los próximos días se presentará un proyecto para crear un nuevo juzgado familiar en la Capital potosina, mismo que ayudará a desahogar los asuntos en esta materia, que es la que más casos procesa; este sería su último proyecto como Presidenta del Poder Judicial pues está por darse el relevo en la institución.

Señaló que uno de los proyectos más importantes que quedará pendiente, es la construcción e la Ciudad Judicial en Ciudad Valles, sin embargo manifestó que en el Poder Judicial están conscientes de dicha necesidad, por lo que se mostró confiada en que quien llegue a sucederla, retomará ese proyecto.

Finalmente, reiteró que la propuesta de presupuesto para 2023 fue similar a la de 2022, con un aumento equivalente a la inflación y para cubrir necesidades básicas del Poder Judicial, como son la contratación de traductores y peritos, sobre todo para justicia laboral.

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