Aunque ya hay leyes para la protección de los animales, éstas son “letra muerta” debido a que hay desinterés y desconocimiento entre quienes deben aplicarlas, lamentó Karla García Tello, representante de la asociación Huella Amiga.
La activista por los derechos de los animales, acusó que a pesar de las leyes que existen a nivel nacional y estatal, hace falta complementarlas para que exista una protección real a los animales, “una de las grandes problemáticas para que se hagan efectivas las (leyes) que ya tenemos, es que los entes que les toca operarlas no están capacitados en realidad, hay mucho desconocimiento por parte de las autoridades”.
Manifestó que hace falta fortalecer el aspecto penal, pues con el sistema de justicia penal “es muy difícil que lleguen a la cárcel” quienes atentan contra la integridad y la vida de los animales; como ejemplo mencionó que en los casos que se han judicializado por maltrato o asesinato de varios canes, ninguno ha derivado en la privación de la libertad de los presuntos responsables, inclusive está el caso de “Negrito” que fue atropellado y muerto en Villa Magna a inicio de año y aunque el presunto responsable se fugó y luego fue detenido, lleva su proceso en libertad pese a que se pidió que lo llevara en arraigo.
En otros casos que ya han tenido sentencia, como el de “Canelo” asesinado en Villa de Jacarandas, se ha determinado sólo la reparación del daño con sumas de alrededor de 13 mil pesos que calificó como irrisorias, ya que se clasifica como delito menor y los imputados tienen acceso a medidas alternas, por lo que destacó que también hace falta precisar qué implica la reparación integral del daño, pues por ejemplo, la vida de un animalito no se puede reponer, “solicitábamos esterilizaciones, croquetas y una sanción alta, pero el juez no ve el porqué; entendemos que el sistema penal está hecho para que la gente no llegue a la cárcel, pero se puede establecer que pague una pena con trabajo comunitario, pagando esterilizaciones, donando croquetas…”.
Al respecto, García Tello señaló que es necesario que desde el Congreso de la Unión se trabaje en este tema para catalogarlo como un delito grave y que así las autoridades lo tomen en serio, además de que al tratarse de una modificación a nivel federal, sería de observancia general en todo el país.
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