ASE recibe denuncias ciudadanas de actos de corrupción: Edith Muñoz

La encargada de Despacho de la Auditoría Superior del Estado, contadora Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, afirmó que el organismo fiscalizador permanece completamente abierto a la recepción de denuncias que la ciudadanía desee presentar, ante actos irregulares que advierta como responsabilidad de los funcionarios públicos que se desempeñan en los ámbitos municipal y estatal.

Dijo que cualquier ciudadano puede presentar denuncias fundadas, motivadas y con evidencias, cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos o de su desvío, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Asimismo, añadió que la ASE está facultada para revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas no solo durante el ejercicio fiscal en curso, sino también de ejercicios distintos al de la Cuenta Pública en revisión, en caso de ser necesario.

El escrito de denuncia podrá presentarse directamente ante el organismo fiscalizador, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, o bien ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, de manera presencial o a través de medios electrónicos. Además, la ASE está facultada para considerar en su programa anual de auditorías estas iniciativas ciudadanas.

Muñoz Gutiérrez puntualizó que el documento deberá incluir el ejercicio al que pertenecen los presuntos hechos irregulares y una descripción detallada de los mismos, así como acompañarlo con los elementos de prueba relacionados, aclarando que el organismo fiscalizador está obligado a proteger en todo momento la identidad del denunciante, como lo ha hecho con denuncias ya recibidas e anteriores administraciones, actualmente en proceso de resolución por parte del equipo jurídico.

Apuntó que para la procedencia de las denuncias por presuntos daños o perjuicios a la hacienda pública estatal o al patrimonio de los entes públicos, éstas deberán suponer el desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; irregularidades en la captación, manejo y utilización de los recursos públicos; actos irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación y prestación de servicios, adquisición de bienes, entre otros; comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos; e inconsistencia en la información financiera o programática.