Habrá castigo para irregularidades en cuentas públicas pasadas: ASE

La encargada de Despacho de la Auditoría Superior del Estado Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, informó que de manera paralela a la ejecución de los procedimientos de auditoría a las Cuentas Públicas 2021, que en estos momentos efectúa el equipo de auditores del organismo fiscalizador, se da seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de la revisión a ejercicios fiscales anteriores, conforme a los términos y disposiciones previstos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

Lo anterior, en apego a la entrega de los informes individuales al Congreso del Estado, los cuales contienen las observaciones, recomendaciones, acciones y, en su caso, de la imposición de las multas respectivas, así como acciones que derivaron de los resultados de las auditorías practicadas a ejercicios anteriores y que aún no han sido solventadas y que en algunos no se les ha dado el cauce legal correspondiente; además se dieron de conocimiento a las entidades fiscalizadas para que estas presentaran la información y realizarán las consideraciones pertinentes, quedando formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho informe, salvo en los casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias penales y de juicio político, los cuales se notificaron a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen los procedimientos respectivos.

La Auditoría Superior del Estado se pronunció en lo referente a las Cuentas Públicas 2020 conforme los plazos establecidos por la Ley, respecto a las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas; en el caso de aquellas entidades que no dieron respuesta, se dieron por atendidas las acciones y recomendaciones.

La ASE podrá promover, en cualquier momento en que cuente con los elementos necesarios, el informe de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal; así como la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, la denuncia de juicio político ante el Congreso, o los informes de presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control competente, en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.