De los 32 estados del país, San Luis Potosí ocupa la posición número 21 en el ranking del Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, con un puntaje de 0.40, dos centésimas por debajo del promedio nacional. Si bien, desde la actual administración estatal se han implementado acciones para garantizar el Estado de Derecho, mejorando la infraestructura y reforzando la seguridad principalmente, pero todavía es en los poderes Legislativo y Judicial donde hay áreas de oportunidad qué mejorar.
Cada año la organización internacional World Justice Project México (WJP) realiza una evaluación que mide la prevalencia del Estado de Derecho de todas las entidades federativas, basado en las experiencias de los ciudadanos en su vida cotidiana. Para determinar el puntaje y ranking se consideran ocho factores, que son: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
En una escala de 0 a 1, donde 1 indica mayor respeto al Estado de Derecho, San Luis Potosí obtuvo un puntaje 0.40, que en comparación con el índice de hace un año en esta ocasión incrementó 0.02 por ciento.
De los ocho factores considerados sólo en dos se colocó poco arriba de la media nacional, siendo el de justicia civil el mejor ranqueado, al ubicarse la entidad potosina en la posición número 10, con un puntaje de 0.40; le sigue el cumplimiento regulatorio en el que obtuvo el lugar 15 con una calificación de 0.38 puntos.
En el resto de los factores, San Luis se colocó por debajo del promedio nacional con los siguientes resultados: en orden y seguridad puesto 18 con 0.37; límites al poder gubernamental posición 19 y puntaje de 0.41; derechos fundamentales lugar 21 con 0.47 puntos; gobierno abierto puesto 22 con 0.47 de puntaje; ausencia de corrupción en la posición 23 con 0.34; y en justicia penal en el lugar 24 con 0.33 puntos.
El WJP define el Estado de Derecho como “el sustento para construir comunidades de igualdad, oportunidades y paz, y es la base del desarrollo de gobiernos transparentes que rinden cuentas y del respeto a los derechos fundamentales. El Estado de Derecho ayuda a combatir la pobreza y protege a las personas de las injusticias”.
PENDIENTES EN ESTADO DE DERECHO EN SLP
La responsabilidad de mantener el Estado de Derecho corresponde a los tres poderes de San Luis Potosí. Si bien, hay pendientes en el Poder Judicial con magistrados que no quieren capacitarse; en el Legislativo con diputadas y diputados que presentan iniciativas para cambiar una coma solo por cumplir con una cuota; y en el Ejecutivo Estatal el tema que siempre se buscará mejorar es el de la seguridad.
Así lo señaló el abogado especialista en temas políticos Jorge Chessal Palau, quien comentó que, los aciertos más notorios del actual gobierno para conservar el Estado de Derecho han sido el poder destrabar algunos conflictos que se venían arrastrando desde otras administraciones, como el de los comuneros de San Juan de Guadalupe y el caso del “terreno de la Ford”.
“Me parece que, el hecho de que se hayan destrabado conflictos jurídicos, permitieron que hoy se tenga obra y son acciones en favor de la inversión, como el caso del Periférico que duró años trabado el tema, así como el terreno que dejó la Ford, detenido desde que se deshizo la operación”.
Opinó que hoy existen tres áreas en las que se puede decir hay pendientes en el cumplimiento del Estado de Derecho, “aunque no necesariamente son responsabilidad de gobierno del Estado”.
Primero, mencionó, en el Poder Judicial se ha tenido que atravesar por una serie de problemas con el cierre de los juzgados por la pandemia y su reapertura, es ahí donde todavía falta mucho por hacer para llegar a un nivel óptimo. Hay jueces que no están debidamente capacitados, no porque el Poder Judicial no brinde la capacitación, sino porque no se quieren capacitar; personal de los juzgados que trabajan por un horario y un sueldo mientras otros lo hacen con auténtica responsabilidad; ahí faltaría depurar mucho parte del conocimiento y compromiso con el trabajo.
También en materia de seguridad, dijo, aunque hay que entender que al día de hoy esta no es una atribución solamente del Estado, sino también de la federación. “Poco puede hacer el Estado si la delincuencia catalogada como federal no es enfrentada por el gobierno de México, es decir, de nada sirve que los policías estatales detengan a una persona y la entreguen a la Fiscalía General de la República para que de inmediato los vaya a echar a la calle”.
En cuanto al poder Legislativo, refirió que éste no otorga plena certeza a las leyes en San Luis Potosí por una simple razón: los diputados se preocupan mucho por las evaluaciones y administran sus iniciativas de ley para ir cumpliendo con valores estadísticos, por lo que las leyes se modifican a cada rato. “Cada mes encuentras modificaciones al Código Penal, en un artículo, en una coma, y eso afecta porque las reglas están cambiando muy seguido”.
Asimismo, consideró que este gobierno ha hecho algo muy importante que es hacer obras de infraestructura, que también forman parte del Estado de Derecho, “parte de la finalidad de las normas y de las Leyes es que se mejoren las condiciones del Estado”.
Por otro lado, Chessal Palau explicó que el Estado de Derecho se puede definir como aquella organización política que tiene un territorio, unos habitantes y un gobierno, que se rigen por el imperio de la Ley, que “es la que marca la pauta de las decisiones de gobierno”.
Apuntó que es un tema que le corresponde involucrarse a todos los que integran los tres poderes. En el Poder Judicial son jueces y magistrados; en el Legislativo los diputados; y para el caso del Ejecutivo ahí se deposita el poder en una sola persona, que es el gobernador, pero a través de las dependencias gubernamentales se debe de preservar el Estado de Derecho desde sus diferentes perspectivas.
Para el caso de la Fiscalía General del Estado, dijo, es un órgano autónomo que no constituye un poder, sin embargo es más cercano al poder Ejecutivo, por lo que, le corresponde atender la parte que tiene que ver con la persecución del delito, trabajando conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo objetivo es garantizar la paz social y la tranquilidad en el Estado.
