Una nueva prórroga se estableció para establecer el estallamiento a huelga en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP. El motivo fue que el sindicato administrativo de la máxima casa de estudios no había establecido los centros de vigilancia en cada centro de trabajo.
El recientemente reelecto secretario general del Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Gerardo de Jesús Rivera Müller, envió un boletín a su base trabajadora en el que refiere que la nueva fecha se estableció para el próximo 9 de noviembre, la anterior fecha programada era el primero de octubre, es decir este domingo.
"Se informa que el estallamiento de huelga que se tenía para el día 1 de octubre de 2023, la juez de Tribunal Laboral ha determinado con fundamento en el artículo 927, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, que se programe para el día 9 de noviembre del año en curso a las 00:00 horas".
Lo anterior toda vez que no se había determinado entre la Universidad y el Sindicato, los comités de vigilancia y además de que tenían en puerta el proceso de elección sindical para el periodo 2023-2027.
"Este comité ejecutivo espera en este tiempo encontrar con las autoridades universitarias un punto de acuerdo en beneficio del gremio sindical".
Durante el año, se han aplazado en varias ocasiones el estallamiento a huelga por diversas circunstancias relacionadas con el burocratismo sindical y de los tribunales.
El argumento para llevar a cabo este derecho laboral, obedece a que la institución educativa no les ha pagado una prestación que se había ganado en el proceso de revisión contractual del Comité Sindical en 2020-2022 de tres días de salario base que se debían entregar a cada uno de los mil 400 trabajadores y que solo se les pagó durante el primer año durante el 2021. Sin embargo, con la actual gestión de Alejandro Javier Zermeño Guerra, se les dejó de pagar, argumentando que este beneficio no se había ratificado dentro de un convenio contractual.
Por lo anterior, alrededor de mil 400 trabajadores podrían afectar la vida estudiantil de más de 30 mil universitarios.