El organismo operador de agua y alcantarillado, interapas, reconoció que hay sanciones que se aplican a usuarios que derrochan el vital líquido, pero que también apuesta a la mayor conciencia para evitar su desperdicio, más ahora que la zona metropolitana de San Luis Potosí sigue en medio de una crisis hídrica.
Las multas van desde cinco y hasta 20 UMAs, todas en base a la Ley de Aguas para el estado de San Luis Potosí y la Ley de Cuotas y Tarifas, pero es necesario sorprender a las personas in fraganti o contar con evidencia de video o fotográfica.
Así, a través de la inspección se ha detectado a personas que incurren en malas prácticas, como lavar vehículos o asear banquetas con manguera, pero también derivado de reportes de ciudadanos, algunos vía telefónica (al 4443 018 871) o detectados a través de redes sociales.
De acuerdo con el Interapas, el derroche de agua -como el lavado de auto a manguerazos- se lleva hasta 500 litros.
No obstante, no se citó si hay usuarios que efectivamente han recibido alguna amonestación o multa, el año pasado solamente se divulgaron algunas amonestaciones a personas por desperdicio durante la celebración del Sábado de Gloria.
No obstante, hay otro desperdicio del vital líquido muy recurrente y que ocurre en el baño diario, en el que se calcula se utilizan hasta 300 litros de agua, por lo que se ha insistido en reducir el tiempo de la ducha e, inclusive, juntar el agua del chorro de la regadera en una cubeta.
El uso del inodoro para tirar papeles o basura se lleva hasta 12 litros de agua, aunque se recomienda optar por sanitarios ahorradores de agua.
Se destacó que en esta crisis de agua que seguirá durante este año, de acuerdo con los pronósticos, se debe tener mayor conciencia en su cuidado e inclusive estar al pendiente del gasto diario d cada miembros de la familia, así como revisar llaves e instalaciones de agua de la vivienda para evitar que se fugue agua, y detectar las fugas invisibles que se presentan en el cuarto de baño.
A la par, el Interapas se mantiene vigilante para la detección de instalaciones clandestinas a la red pública de agua, cuyas sanciones económicas son mayores.
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