El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, informó que se decidió retirar del orden del día de la Sesión Ordinaria, el dictamen que proponía reformas a diversas leyes estatales en materia de movilidad, con el fin de revisarlo de manera oportuna y atender las propuestas de activistas.
Agregó que se estará elaborando una tabla comparativa, ya que se trata de diversas iniciativas en distintas leyes, y con lo cual se busca contar con un instrumento claro y preciso, para atender las propuestas de personas activistas.
En este sentido, señaló que se mantiene la disposición para trabajar de manera conjunta con las personas interesadas en el tema de movilidad, atendiendo sus propuestas, ya que es un tema primordial para la LXIII Legislatura.
Dijo que se trabaja de manera clara y transparente al interior de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Puntos Constitucionales, Desarrollo Territorial Sustentable y Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, para sumar en mesas de trabajo a las personas interesadas y elaborar el dictamen respectivo para presentarlo al pleno para su votación a la brevedad.
Activistas denunciaron haber sido ignorados
A través de sus redes sociales, colectivos que promueven la armonización de la Ley de Movilidad para San Luis Potosí, criticaron al Congreso local por intentar votar el dictamen sin haber considerado propuestas que se hicieron llegar a ese recinto por parte de activistas.
El colectivo Pedaleando SLP detalló que “en vez de presentar una nueva Ley Estatal de Movilidad (lo que pretendían votar) consiste en parches a distintas leyes, lo cual se intenta hacer pasar como una armonización”.
En dicho dictamen, el colectivo identificó diversas irregularidades como la falta de una consulta ciudadana o la imposición del casco como obligatorio para todas las personas que se transporten en bicicleta o triciclo.
También recordaron que, por la falta de consultas para elaborar y votar leyes y reformas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado ya diversos ordenamientos votados por el Poder Legislativo potosino.