Durante el primer semestre del año, en San Luis Potosí se reportaron 62 eventos calificados como "atrocidades" que dejaron 70 víctimas.
La asociación Causa en Común, dio a conocer un análisis denominado "Galería del horror: Atrocidades registradas durante el primer semestre de 2020", realizado con base en notas periodísticas que dan cuenta de hechos como asesinatos de personas vulnerables o de interés político, masacres, terrorismo, y maltrato extremo; este último incluye feminicidio agravado, descuartizamiento, linchamiento, profanación de cadáveres (fosas clandestinas), calcinamiento, tortura, violación agravada, entre otros.
Este análisis da cuenta de mil 272 notas periodísticas en el país respecto a "atrocidades", que dan un total de 2 mil 124 atrocidades y 2 mil 804 víctimas, ya que hay hechos en los que hubo más una persona afectada.
El mes que generó más notas periodísticas de atrocidades en el país fue abril, con 237; por estado, Guanajuato generó 203 encabezados, le siguen Chihuahua y Michoacán con 97 cada uno, y el Estado de México con 85; San Luis Potosí generó 34 notas de atrocidades entre enero y junio de 2020.
En San Luis Potosí se cuantificaron un total de 62 eventos, que corresponden a cinco masacres, cinco asesinatos de niños, niñas o adolescentes, el asesinato de un político, 26 profanaciones de cadáveres, un linchamiento, un feminicidio agravado, ocho descuartizamientos, 12 casos de tortura, y tres de calcinamiento.
A nivel nacional, junio fue el que dejó mayor número de víctimas, con un total de 534. La violencia vivida en Guanajuato se refleja en que tan sólo ese estado, acumula 537 víctimas, superior a las que se generaron en un mes en todo el país. En el caso de San Luis Potosí, los 62 eventos contabilizados, derivaron en 70 víctimas.
La asociación establece que este análisis es un "mosaico de dolor y crueldad" detrás de la incidencia delictiva, con el que se busca rescatar la capacidad de la sociedad para conmoverse ante este tipo de "horrores" y transformarlo en una exigencia permanente.
Destaca que los ciudadanos tienen la responsabilidad de exigir a sus autoridades la resolución de los casos y que atiendan las deficiencias en los cuerpos policíacos y las fiscalías, que incluyen bajos sueldos, carencia de prestaciones, así como capacitación y equipamiento insuficientes.
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