/ viernes 21 de febrero de 2020

Avanza juicio político contra Xavier Nava

En comisiones unidas, se concluye que hay elementos para enjuiciarlo por agresiones a la ex oficial del Registro Civil Teresa Carrizales, en caso contra Gallardo y Cué, se piden más pruebas

Las comisiones unidas de Justicia y Gobernación convertidas en instructoras, determinaron que hay elementos suficientes para que proceda la solicitud de juicio político contra el presidente municipal de la capital Xavier Nava Palacios, en base a la denuncia presentada por la ex oficial del Registro Civil Teresa Carrizales.

En el caso de las solicitudes contra el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia magistrado Juan Paulo Almazán Cué y del ex presidente municipal de la capital Ricardo Gallardo Juárez, los diputados acordaron ampliar el plazo de cinco días para solicitar mayor información a los promoventes, como lo establece el artículo 21 de la Ley de Juicio Político, para mejor proveer.

El presidente de la Comisión de Justicia diputado Rubén Guajardo Barrera dijo que este es el primer paso de todo un proceso, pues falta que el pleno avale el dictamen y se integre la Comisión Jurisdiccional o puede votar en contra.

Asimismo se determinaron como improcedentes cuatro solicitudes de juicio político, “el proceso que sigue en los casos que resultan procedentes estas solicitudes, es enviar los dictámenes al pleno del Congreso, que es la máxima autoridad, y se determina si se establece la comisión jurisdiccional en los casos que sea procedente”, indicó.

Manifestó que el pleno será la autoridad que resuelva el dictamen preliminar y en su caso, determine el inicio del procedimiento respectivo a través de la Comisión Jurisdiccional.

Agregó que se continuará con el trabajo respectivo para analizar otras solicitudes de juicios políticos que también fueron turnados, en contra de diversas autoridades, por lo cual se realizarán las sesiones de trabajo respectivas en comisiones unidas.

En el mismo sentido, el diputado Edgardo Hernández manifestó que en los casos que resultaron procedentes los juicios políticos, se trata de temas en contra de autoridades en funciones que violentaron los derechos humanos de los denunciantes.

Las comisiones unidas de Justicia y Gobernación convertidas en instructoras, determinaron que hay elementos suficientes para que proceda la solicitud de juicio político contra el presidente municipal de la capital Xavier Nava Palacios, en base a la denuncia presentada por la ex oficial del Registro Civil Teresa Carrizales.

En el caso de las solicitudes contra el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia magistrado Juan Paulo Almazán Cué y del ex presidente municipal de la capital Ricardo Gallardo Juárez, los diputados acordaron ampliar el plazo de cinco días para solicitar mayor información a los promoventes, como lo establece el artículo 21 de la Ley de Juicio Político, para mejor proveer.

El presidente de la Comisión de Justicia diputado Rubén Guajardo Barrera dijo que este es el primer paso de todo un proceso, pues falta que el pleno avale el dictamen y se integre la Comisión Jurisdiccional o puede votar en contra.

Asimismo se determinaron como improcedentes cuatro solicitudes de juicio político, “el proceso que sigue en los casos que resultan procedentes estas solicitudes, es enviar los dictámenes al pleno del Congreso, que es la máxima autoridad, y se determina si se establece la comisión jurisdiccional en los casos que sea procedente”, indicó.

Manifestó que el pleno será la autoridad que resuelva el dictamen preliminar y en su caso, determine el inicio del procedimiento respectivo a través de la Comisión Jurisdiccional.

Agregó que se continuará con el trabajo respectivo para analizar otras solicitudes de juicios políticos que también fueron turnados, en contra de diversas autoridades, por lo cual se realizarán las sesiones de trabajo respectivas en comisiones unidas.

En el mismo sentido, el diputado Edgardo Hernández manifestó que en los casos que resultaron procedentes los juicios políticos, se trata de temas en contra de autoridades en funciones que violentaron los derechos humanos de los denunciantes.

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