El diputado panista Rubén Guajardo Barrera exhortó al Gobierno del Estado, al Ayuntamiento capitalino, a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, a la Comisión Estatal del Agua, CEA, y INTERAPAS, a que actúen bajo el criterio de coordinación, para establecer un Plan Integral de Emergencia Hídrica.
En esta temporada de crisis, deberán implementar un sistema de información para la población que está en medio del estrés hídrico.
Propone de manera institucional a diversas autoridades y al organismo INTERAPAS, para que tomen acciones para paliar la crisis ocasionada por los defectos estructurales de la obra de la presa El Realito y el acueducto que abastece de agua al territorio potosino.
En el 2009 se realizó una licitación ganada por la empresa la empresa Aquos, para traer agua, con una inversión de 2 mil 764 millones de pesos con participación federal y estatal, en el año de 2015 se puso en operación el acueducto de poco más de 132 kilómetros de largo; el contrato tiene una duración total de 25 años. Sin embargo, a poco más de 7 años de haber sido puesto en operaciones, sus fallas se han vuelto evidentes, así como las afectaciones que han causado.
Se interrumpirá en su totalidad el abasto de agua a la Zona Metropolitana de San Luis Potosí “posiblemente estamos ante la peor crisis hídrica del Estado, que impacta tanto la dimensión de los derechos de los habitantes, como la materia de obras públicas. Por ello, propongo a las autoridades de los tres niveles, actuar bajo el criterio de coordinación, en virtud de la Legislación en materia de Agua y de la inversión conjunta que se realizó, para integrar un plan integral que incluya comunicación social para aumentar la certeza de la ciudadanía".
Atendiendo a la dimensión de las obras públicas, y dado que la Ley Estatal aplicable contiene elementos como los vicios ocultos, y las causales para la cancelación anticipada de contratos de obras y servicios públicos, se propone exhortar al gobierno estatal a analizar las acciones legales que se puedan tomar respecto a los defectos de la obra del acueducto, así como la posibilidad de rescindir el contrato con la empresa española, valorando los elementos normativos del caso, y sobre todo la protección al interés de los habitantes de la zona metropolitana del estado, proyectados a futuro, y prevenir futuras crisis.
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