Los programas y apoyos sociales en San Luis Potosí podrían ser elevados a rango constitucional, esto, a través de una iniciativa que el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, presentaría próximamente al Congreso del Estado.
Se estima que la cantidad que se canaliza a través de los programas que buscan revertir las condiciones de la población más vulnerable, es del orden de los tres mil millones de pesos anuales, por lo que, si es aprobada, por sexenio serian distribuidos al menos 18 mil millones de pesos en ayuda a la población.
El objetivo, de acuerdo con el mandatario estatal, es evitar que cualquier fuerza política le conceda un uso electoral a este tipo de apoyos. La propuesta, denominada “Nuevo Plan de San Luis”, será entregada en breve al Poder Legislativo para que sea analizada por las y los diputados.
A través de esa legislación, programas y apoyos, como la gratuidad y permanencia de licencias de conducir y placas vehiculares; las becas alimentarias; así como las económicas a adultos mayores y madres solteras; serán de carácter permanente y obligatorio.
Con ello, los titulares del Poder Ejecutivo estatal que realicen funciones a partir del año 2027 estarán obligados a mantener esos apoyos. También se lograría que los potosinos tengan derecho a estos beneficios por el simple hecho de haber nacido en San Luis Potosí.
Gallardo Cardona criticó que en los últimos 30 años, los recursos de programas sociales hayan sido utilizados en forma discrecional y, en varias ocasiones, con poca transparencia.
Con el Nuevo Plan de San Luis, en el que los programas sociales sean una obligación por Ley, al tratarse de una obligación constitucional, se logra también que todas las fuerzas políticas que contiendan en las elecciones de 2024 o 2027 puedan competir en equidad de condiciones.