El Subprocurador de Control Regional, procedimientos Penales y Amparo, de la Fiscalía General de la República (FGR), Roberto Andrés Ochoa Romero, presentó su renuncia al fiscal Alejandro Gertz Manero a quien agradeció su confianza y se dijo listo a entregar su cargo a partir del 1 de septiembre.
El documento de su renuncia, el cual está fechado el 25 de agosto, es decir el pasado martes, el todavía funcionario sostiene que su renuncia obedece a motivos "estrictamente personales" y que es "con carácter de irrevocable".
“Me permito distraer su atención para informarla mi renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Subprocurador de Control Regional, procedimientos Penales y Amparo, de la Fiscalía General de la República (FGR), con efecto a partir de 1 de septiembre del año en curso. En consecuencia mucho le agradeceré se sirva instruir el nombre de la persona que con quien abre de celebrar el el acto administrativo entrega-recepción” señala el documento.
En su renuncia hace incapie en la labor que se realiza en la dependencia "para mejorar el servicio público de procuración de justicia penal federal" en el país.
También agradece la posibilidad de haber formado parte de la FGR, en donde, dijo, encontró "un gran equipo de trabajo" liderado por el fiscal.
Ante de ser nombrado Subprocurador de Control Regional, procedimientos Penales y Amparo, Ochoa omero ocupo la titularidad de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (Copladii) en la antigua Procuraduría General de la República (PGR)
Romero también fue asesor del Subprocurador de Procedimientos Penales “C” de la PGR; Subdelegado de Procedimientos Penales de la misma Procuraduría, así como Fiscal Especial de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y, posteriormente, Coordinador General de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR.
Roberto Andrés Ochoa Romero fue quien estudio el expediente de la detención de la mama del José Antonio Yepez “El Marro” y decidió que la FGR no participaría en las investigación y atracción del caso al detectar que en la detención, había obstáculos o cortapisas que pudieran poner en duda la base legal sobre la cual descansaba la propia incompetencia que podría tener la FGR.
También fue el encargado de judicializar las carpetas de investigación en el combate al robo de hidrocarburos que inicio el gobierno desde diciembre de 2018.
La subprocuraduría a su cargo, también llevaba las estadísticas de feminicidio en todo el país,, y en febrero pasado informó que este delito se incrementó en el país 138 por ciento, entre 2015 y 2019, mientras la impunidad en los casos llegó a 75 por ciento.
También fungía como representante del procurador Alejandro Gertz Manero durante las sesiones ordinarias en las conferencias nacionales de procuradores.
Desde el año pasado estaba involucrado en la planeación de la creación de un sistema único de registro de delitos en el que se involucre al Instituto Nacional de Geografía y Estadística e Informática (Inegi).
Dicho sistema servirá como metodología única de recolección, sistematización y análisis para que la información se utilice de manera adecuada y obtener datos duros, pero también para detectar los delitos con mayor incidencia en el país.
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