El PRI en el Senado de la República presentó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Procuraduría General de la República a dar celeridad a las investigaciones sobre una presunta red de corrupción en el Partido del Trabajo para la operación de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).
Se publica en la Gaceta Parlamentaria, del Senado de la República, un punto de acuerdo donde se pide a la PGR se deslinden responsabilidades penales que conforme a derecho procedan, ante las denuncias públicas sobre el presunto lavado de dinero de más de 100 millones de pesos.
Se indica que llama la atención que a pesar de que los presupuestos provenían del Gobierno del Estado de Nuevo León, no existen registros de contratos o convenios que den certeza sobre el destino y uso que tuvieron estos recursos públicos.
Exponen los senadores del PRI que “no es la primera ocasión en la que los dirigentes del Partido del Trabajo están relacionados con algún ilícito. Existen denuncias públicas de que dichas personas ejercen presiones contra legisladores locales y federales de los Estados de México, Durango, y Nuevo León para obtener recursos económicos que no utilizan para fines educativos sino que se destinan a fondos de inversión personal.
Entre las personas involucradas están la esposa de Alberto Anaya Gutiérrez, la señora Guadalupe Rodríguez Martínez y el dirigente estatal de dicho instituto político en Aguascalientes, Héctor Quiroz García.
Se precisa en el punto de acuerdo de que “se ha documentado la comisión de actos antijurídicos en el ejercicio, destino y comprobación de más de 100 millones de pesos que fueron entregados por el gobierno del estado de Nuevo León para el desarrollo de las actividades de los Centros de Desarrollo Infantil”.
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