La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán y al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo por la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de tres personas, una mujer y dos varones.
El organismo nacional señala que las víctimas, profesionistas que impartían un curso de ciencias a niñas y niños en el Municipio de Paracho, Michoacán, fueron sustraídas de manera violenta por hombres armados del hotel en que se alojaban, y a la fecha se desconoce su paradero, por lo que adquirieron el carácter de personas desaparecidas, en tanto que los hechos permanecen impunes.
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En su investigación, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, con motivo de la insuficiente labor en las investigaciones, las omisiones y dilaciones que quedaron probadas, lo que ocasionó que no se reflejara un marco mínimo necesario en la búsqueda de las personas desparecidas.
Así como favorecer la revictimización de los familiares de las víctimas, ya que al no obtener respuestas oportunas de la autoridad ministerial se frustraron sus expectativas para conocer la verdad de los hechos, sin omitir que el largo procedimiento de investigación no ha arrojado a la fecha resultados positivos.
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Destaca que las personas representantes sociales federales y del fuero común que indistintamente intervinieron en el caso no han garantizado el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas, ni se ha detenido a los probables responsables que intervinieron en la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de las tres víctimas, por lo cual los hechos permanecen impunes.
La CNDH solicitó a la PGR la reparación integral del daño, que incluya atención médica, psicológica y el otorgamiento de una compensación apropiada; continuar con la integración y perfeccionamiento de la averiguación previa que se encuentra en trámite; adoptar acciones y medidas para la búsqueda y localización de las víctimas, así como una mayor coordinación institucional.
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Así como diseñar e impartir un curso integral sobre capacitación y formación en derechos humanos al personal ministerial, de servicios periciales y a la Policía Federal ministerial, así como colaborar en el trámite de la carpeta de investigación y en el procedimiento administrativo que se inicien conforme a su competencia.
Al Gobierno de Michoacán le pidió, entre otras cosas, la reparación integral del daño, diseñar e impartir un curso integral sobre capacitación y formación en derechos humanos al personal ministerial, de servicios periciales y a la Policía Ministerial, así como colaborar en la carpeta de investigación y procedimiento administrativo que se inicien conforme a su competencia.
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