La Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, se dice víctima de violencia política, luego de que en las últimas horas ha sido señalada por favorecer con contratos irregulares a Gabriel Alan Salazar Soto, empresario acusado presuntamente de cometer un fraude a centenares de potosinos a través de su empresa Infinite Invercorp Capital Financial.
Aprovechó para rechazar que se encuentre buscando algún cargo político pues en los últimos meses se le ha considerado como posible candidata a la gubernatura del Estado.
"Yo lo que solicito es respeto, yo no estoy aspirando a un cargo de elección popular, sin embargo cualquier calificativo que sea destinado hacia mi persona es violencia. Me siento desilusionada, porque cualquier tipo de violencia es completamente reprobable”.
Se hizo acompañar del Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, el Contralor General del Estado, Oscar Alarcón Guerrero y Subdirector de Planeación de la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Alfonso González Coronado, para dar a conocer que Gabriel Alan Salazar Soto nunca ha tenido relación laboral con los Servicios Estatales de Salud en San Luis Potosí, pero sí ha sido beneficiado como proveedor o apoderado legal de empresas que guardan relación con la dependencia en mención.
“No se encontró ningún contrato formalizado con las empresas Scolta, Proshine, Infinite o Invercorp Capital Financial, pero en el periodo de 2017-2018 de los mil 295 contratos celebrados se encontraron que en 17 de ellos, interviene Gabriel Alan Salazar Soto como proveedor o apoderado legal, se contabilizaron 5 contratos a nombre de la persona referida, 4 ocurrieron en 2017 y uno en el 2018, los 12 contratos restantes se formalizaron con personas morales donde dicha persona participó en la suscripción de los compromisos en su carácter de apoderado o representante legal, 5 en 2017 y 7 en el año de 2018 documentos debidamente formalizados y cuentan con fianza de cumplimiento”.