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Silvia Castillo Hernández, madre del joven Alan Francisco Ibarra Castillo, víctima de homicidio en el año 2019, señaló a El Sol de San Luis que impugnará el proceso mediante el cual, se celebró la sentencia de Astrid N. y Fernando N., ambos vinculados como copartícipes por el asesinato de su hijo.
Debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) retiró los cargos de falsedad de testimonio y desaparición forzada, lo que conllevó a una reducción de pena, pues hoy día ambos jóvenes fueron condenados a tan solo 20 años de cárcel.
Es preciso remarcar que, esta sentencia que se obtuvo fue gracias, según lo mencionado por Castillo Hernández a una lucha de tres años que como madre, requirieron diversos cambios en el equipo jurídico que la representaba tanto en la FGE, como en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
“Se logró esta sentencia pero he de decir que todo este proceso estuvo colmado de acciones revictimizantes, sobre todo en el desarrollo de las audiencias en donde tuve que hacer frente, a violencias por parte del personal jurídico de la Fiscalía General del Estado”.
Castillo Hernández indicó que si bien fue un proceso que duró más de tres años ante los jueces del Centro Integral de Justicia Penal de San Luis Potosí, a lo largo de todo este tiempo fue violentada por los Ministerios Públicos inmiscuidos en el caso.
Y no solo eso, tuvo que tolerar según su relato, el acosos y hostigamiento de los familiares de los 4 jóvenes implicados en el homicidio de su hijo, quien fue calcinado vivo.
Castillo Hernández también detalló en entrevista que, se trató de un proceso de justicia muy desgastante, pues las audiencias fueron diarias, para así poder determinar de manera pronta responsabilidades a las personas señaladas por los hechos que rodearon el homicidio de su hijo Alan.
“Tuve que meter un escrito dirigido a la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Manuela García Cázares, para que el proceso de las audiencias se realizaran cuidando mi integridad”.
En este sentido, remarcó que el haber retirado cargos a los implicados, es un acto de omisión que encubre como sucedieron los hechos, pues su hijo fue engañado para después ser privado de su libertad de manera ilegal, torturado y asesinado.
“La Fiscalía los encubre, no quieren que alcancen pena máxima, entonces voy a impugnarlo este proceso y si es necesario irme a Ciudad de México e ir a la Fiscalía General de la República lo voy hacer, porque me asiste la razón y el derecho”.
