Si hay Antialcohol deben estar observadores de Derechos Humanos

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 58 municipios, en el supuesto de que realicen operativos anti-alcohol, apliquen el Protocolo para la Implementación de Puntos de Alcoholimetría de la Comisión Nacional para la Prevención de Accidentes, el cual fue aprobado.

Además de que en sus operativos anti-alcohol estén presentes observadores de las respectivas Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos y, además, se considere realizar una convocatoria pública para que la sociedad civil pueda participar con observadores independientes y voluntarios en los términos que establece el propio protocolo.

El legislador expuso que “tanto la necesidad de mantener los operativos anti-alcohol como la de garantizar el respeto de los derechos humanos de las y los automovilistas, impone la obligación de contar con políticas públicas e intervenciones basadas en la evidencia científica y contar con el instrumental metodológico que facilite su implementación de forma efectiva, aunado a la participación ciudadana”.

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno consideró que, la implementación de operativos y retenes anti-alcohol es un práctica recurrente y útil para prevenir accidentes e inhibir que la población conduzca bajo los efectos del alcohol. “Esta política gubernamental cobra mayor relieve en las épocas decembrinas y vacacionales, principalmente por que se dan más momentos de convivencia social a través de posadas y otras formas de esparcimiento social”.

Refirió que en los últimos días se ha comenzado a dar una discusión pública ante la posibilidad de la instalación de retenes de alcoholimetría en diversos municipios por acercarse las fiestas decembrinas. Reconoció que desde la sociedad civil, por un lado se ha criticado y cuestionado si el fin de estos operativos es prevenir accidentes o generar recursos para las instituciones recaudadoras y, por otro, hay gente que señala que son pertinentes, puesto que el fin último es salvar vidas”.

Sostuvo que el punto de acuerdo es pertinente, ya que el problema de la conducción bajo los influjos del alcohol tiene un gran impacto en la población, sobre todo en las juventudes. En cuanto a la falta de confianza en las policías viales cabe señalar que en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), dada a conocer por el INEGI, 76.1% de la población de 18 años o más considera que la Policía de Tránsito es corrupta, siendo las policías viales las de menor confianza en todo el país.

Por último, dijo que “así que no es de asombrarse que la gente repudie los operativos anti alcohol ya que se tiene la idea de que habrá un abuso de autoridad o insinuación para cometer un acto de corrupción, por ello es necesario la aplicación de los protocolos correspondientes ”.