Debido a que la cuenta pública del 2016 no fue presentada en tiempo y forma por parte de la Auditoria Superior del Estado al Congreso del Estado, 113 entes que deben rendir cuentas, caerán en irregularidades, y ser acreedores a diversas sanciones, incluso que le pueden costar a los ex funcionarios municipales, multas de hasta 980 millones de pesos por anomalías en ese ejercicio fiscal.
Lo anterior lo denunció, Juan José Frías Aguilera, integrante de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C., quien argumentó que recientemente sostuvo una comparecencia en la Auditoria Superior del Estado, ASE, para desahogar cierta información referente a las cuentas públicas del año en mención, donde quedó comprobado que en la dependencia que dirige Rocío Cervantes se gesta la corrupción y la impunidad.
Dio a conocer que actualmente se está persiguiendo a ex funcionarios de las administraciones 2015-2018 -aunque en concreto los de la cuenta pública 2016-, para defenderse sobre información de ese año fiscal.
“Qué está pasando, es ilegal constitucionalmente, están sorprendiendo a los funcionarios con un decreto del 2017 con el que están respaldándose para llevar a cabo las sanciones contra los ex servidores públicos, nos es posible todas estas violaciones del Estado de Derecho, desde el momento en que hubo una violación, hay responsabilidad de la Auditoria Superior del Estado”.
Por lo referido, consideró que se trata de una situación grave, en la que procede un Juicio Político contra la entidad fiscalizadora y los diputados de la Comisión de Vigilancia, incluso no descartó acudir a la Secretaria de la Función Pública, al considerar que en San Luis Potosí, las autoridades no se ajustan a los principios de derecho.
“Los diputados de la anterior legislatura y que fueron los miembros de la Ecuación Corrupta, fueron quienes propiciaron este cochinero, los entes cumplieron, es la Auditoria quien no lo mandó al Congreso del Estado, con un decreto quieren subsanar lo ocurrido, se está queriendo aplicar una sanción a todos los municipios por 980 millones de pesos, esto es una burla.
Se les mete miedo a los ex funcionarios para darles un arreglo, simplemente al municipio de Real de Catorce le quieren aplicar observaciones por 141 millones de pesos, de dónde, si no se les revisó en tiempo y forma y peor aún, se contrató a un despacho externo Costemalle para que hiciera observaciones y costó 2.5 millones de pesos”.
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