El Poder Judicial de la Federación ordenó al gobierno estatal dar cumplimiento a la alerta de violencia de género al conceder un amparo a una mujer radicada en San Luis Potosí, informó Raquel Charqueño, coordinadora de litigio de Fundación Renace.
En junio de 2017 la Secretaría de Gobernación emitió la Alerta de Violencia de Género (AGV) para seis municipios del estado, a cuatro años de ello, no se le ha dado cumplimiento a todas las medidas que dicta este mecanismo, y tampoco se han frenado los feminicidios.
Debido a ello, el año pasado Fundación Renace tramitó el juicio de amparo 1126/2019-IV en favor de una mujer radicada en la Capital potosina, bajo el argumento de que al vivir en San Luis y no cumplirse las medidas de la alerta, está en riesgo de sufrir violencia de género y feminicidio; en una primera respuesta, el gobernador, el alcalde capitalino, el Instituto de las Mujeres del Estado (IMES) y la Fiscalía General aseguraron que sí daban cumplimiento, sin embargo la Jueza Octava de Distrito desestimó la respuesta, además aceptó dos testimonios de defensoras de derechos humanos como expertas, y determinó que no hay cumplimiento, por lo que el mes pasado emitió la sentencia en donde ordena a las autoridades cumplir con la aplicación de la alerta.
Actualmente corre el plazo de 10 días después de haber sido notificados, para que las autoridades determinen si aceptan la sentencia o la combaten; la sentencia ordena al gobierno estatal y ayuntamiento, establecer un plan de trabajo y un cronograma para informar puntualmente qué acciones han realizado para cumplir con la aplicación de la AGV, la jueza determinará si esas acciones realmente cumplen con la alerta, y de no acatar la sentencia se pueden fincar sanciones administrativas, la destitución de los funcionarios públicos y un procedimiento penal en su contra. Se puede sancionar a los funcionarios que están por dejar el cargo si se detecta que hubo incumplimiento de su parte.
.jpeg "Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio (2).jpeg")
La abogada indicó que entre las acciones que falta por desarrollar en el estado, está la creación de una unidad especializada que analice las muertes violentas de mujeres, la creación de un programa para reintegrar a las sociedad a los violentadores desarrollando en ellos nuevas masculinidades, y que se asignen las partidas presupuestales necesarias para que las dependencias involucradas en atención a la mujer, de procuración e impartición de justicia, cuenten con las herramientas necesarias, tanto en recurso humano como material.
También destacó que esta sentencia sienta un precedente a nivel nacional, ya que las mujeres de otros estados que cuentan con AVG y también tengan incumplimiento, podrán recurrir a tribunales, aunado a que en materia legal se tiene un avance al haber escuchado la jueza testimonios de expertas.
.jpg "Rita Ozalia Rodríguez (1).jpg")