Llegaron con la bandera de la austeridad, sin embargo la realidad es otra, cada diputado local nos cuesta más de 11 millones de pesos al año; cada uno de los 27 legisladores representa una erogación de 916 mil pesos al mes, recursos provenientes de los impuestos que pagan los potosinos.
De acuerdo a información aportada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el Congreso de San Luis Potosí se aprobó un presupuesto superior a 308 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019.
Guadalupe González, vocero de la organización “Ciudadanos Observando”, manifestó que a un año de la LXII Legislatura, los diputados locales parecen empeñarse en repetir los mismos vicios, abusos y corruptelas de sus antecesores, como ejemplo destacó que no se disminuyó la dieta, que había sido una de las promesas de campaña de los legisladores de la coalición “Juntos haremos historia”.
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“Se mantienen los privilegios como el pago de facturas de gasolina para los coordinadores de bancada, que entre todos suman más de 31 mil pesos, el seguro de gastos médicos mayores al que simularon renunciar se sigue pagando, además se realizaron pagos de 68 mil pesos sin ningún soporte legal o contrato a dos asesores, como son los casos de Guillermo Balderas y Eduardo González Sierra, gente del diputado Cándido Ochoa, y de manera general, se incrementó a tres millones de pesos el gasto para asesores.
En la Legislatura Local sigue la presencia de prestanombres y aviadores que ostentan salarios de más de 40 mil pesos
tal es el caso de la diputada Alejandra Valdés, quien incluso tiene una denuncia penal de un ex asesor por quitarle parte de su sueldo.
En lo que se refiere a la productividad legislativa, José Mario de la Garza Marroquín, de la organización civil Congreso Calificado, destacó que en la última evaluación, la actual Legislatura obtuvo una calificación de 28% al haber dictaminado apenas 205 de las 735 iniciativas que se han presentado, inclusive algunas han comenzado a caducar por no dictaminarse en el plazo de seis meses y no se han promovido prórrogas para sacarlas adelante.
En lo que corresponde a transparencia, en la pasada Legislatura nueve de los 27 diputados presentaron su declaración 3 de 3, misma cantidad entre los actuales legisladores, por lo que no ha sido más transparente, y tampoco hay una mejoría en la imagen ante la opinión pública, pues está el caso de Edgardo Hernández Contreras, que amenazó desde tribuna a dos de sus compañeras, le siguió la detención de Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis” en Aguascalientes durante el proceso electoral; y en este último trimestre, la diputada Alejandra Valdés denunciada pública y penalmente por un asesor que la acusó de cometer actos de corrupción.
Coincidieron en que la ciudadanía tiene derecho a evaluar el trabajo de los diputados, les guste o no.
También se tiene el caso del diputado local, Mario Larraga Delgado acusado de acoso sexual y laboral en perjuicio de su asistente Lucia Elizabeth García Hernández quien reveló que el legislador le detuvo su pago por no acceder a sus pretensiones.
Los 27 congresistas se aprobaron este año un presupuesto superior a 308 millones de pesos, el cual se incrementó gradualmente, 80 millones de pesos, a partir de 2012, a razón de 11.4 millones de pesos al año, en promedio.
En conclusión, la legislatura potosina actúa con excesos, con falta de productividad y en opacidad.
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