El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, eligió en forma unánime a la magistrada María Manuela García Cázares, como Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y por ende, del Consejo de la Judicatura para el ejercicio correspondiente a los años 2023 y 2024.
La Magistrada Presidenta cuenta con una trayectoria de más de 38 años en el servicio público, en la que destaca su función como Procuradora General de Justicia del Estado; en 35 años de trabajo en el Poder Judicial del Estado se ha desempeñado en diversos cargos de carrera judicial, desde Secretaria de Estudio y Cuenta, Jueza y Magistrada ratificada; mientras que en el Consejo de la Judicatura fungió como Secretaria Ejecutiva de Pleno y Carrera Judicial; Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina; además de Directora del Instituto de Estudios Judiciales, hoy Escuela Judicial. En la docencia, ha sido catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por más de 30 años.
En su mensaje al asumir el cargo como Magistrada Presidenta, destacó la importancia de la comunicación permanente entre el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, “no podemos trabajar de manera aislada, debemos construir espacios de comunicación y colaboración que nos permitan consolidar un Poder Judicial abierto y accesible; que cada una de las personas que lo integramos construyamos una justicia autónoma, transparente y confiable”.
Así mismo, reconoció a las juezas y jueces, su labor y función de impartir justicia cercana y accesible para todas las personas, y a todos los integrantes del Poder Judicial del Estado les agradeció el esfuerzo que día a día realizan por el engrandecimiento de esta Institución.
Enfatizó que “el compromiso de mi administración es hacer de la justicia una realidad cotidiana y generar una sinergia en favor de la unidad, la comunicación y la celeridad”, para ello, planteó como punto de partida redignificar la función judicial impulsando modelos de trabajo eficaces y funcionales que contribuyan a recobrar la confianza ciudadana en la justicia y la institucionalidad de nuestro Estado.
Además, se refirió a la necesidad de consolidar un Poder Judicial inclusivo y accesible para lograr una completa y efectiva protección de los derechos humanos de las personas, así como reforzar el avance en materia digital en la totalidad de los juzgados en el Estado.
