El Congreso del Estado acordó, a través de comisiones unidas, solicitar opiniones jurídicas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cámara de Senadores y Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sobre si tiene facultades legales para emitir una nueva Ley de Movilidad o solamente puede aprobar las adecuaciones a las leyes locales que sean impactadas por la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
El diputado René Oyarvide Ibarra informó que se reunieron las y los diputados integrantes de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Territorial Sustentable, Puntos Constitucionales, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social y el Comité para la Competitividad y Desarrollo, para continuar la sesión que se declaró abierta desde el jueves pasado.
Dijo que al solicitar una opinión técnica-jurídica a las instancias correspondientes, se podrá aclarar la constitucionalidad de la norma en términos de que no vulnere la soberanía estatal y se pueda emitir una nueva Ley local o bien, simplemente reformar y adecuar las leyes en las que tiene incidencia, “lo cual nos dejarían indefensos, porque las características y necesidades de San Luis no son las mismas que las de otros estados de la República”.
El diputado José Luis Fernández Martínez y el diputado Alejandro Leal Tovías coincidieron en que, antes de trabajar sobre una nueva Ley local, que podría ser impugnable, se debe definir la ruta legal que se seguirá. El Senado de la República expidió el 17 de Mayo la Ley General de Movilidad y establece en el artículo segundo transitorio, que en un plazo de 180 días hábiles, los Congresos locales deberán aprobar las reformas necesarias a las leyes de su competencia.
En el Congreso del Estado hay dos iniciativas para crear una nueva Ley de Movilidad, una presentada por los diputados René Oyarvide y Antonio Lorca y otra por el Grupo Parlamentario del PAN, que tienen coincidencias con la Ley General pero atienden la situación específica de San Luis Potosí; ambas, abordan los temas relacionados a la movilidad de personas con discapacidad.
“Los diputados debemos defender nuestras posturas y propuestas, estamos trabajando por el bienestar de San Luis que se merece una verdadera Ley de Movilidad aplicada y adecuada conforme a nuestras necesidades y no a las de la Federación; jurídicamente hay que ser cautelosos y cuidadosos, por eso pediremos una opinión que estará lista el próximo 7 de Junio cuando reanudaremos la sesión de comisiones unidas; no queremos trabajar en una ley que pueda ser impugnada”, puntualizó Oyarvide Ibarra.
En la sesión de trabajo se dio cuenta de las opiniones recibidas sobre el tema de la movilidad emitidas por Rafael Mendizábal Pérez presidente de CANACINTRA, el General de División D.E.M. Guzmar Angel González Castillo, Joaquín Lecortouis director de Asuntos Jurídicos de la SCT, especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y David Eduardo Vázquez Salguero presidente del Colegio de San Luis.
