Quienes imparten justicia no están capacitados para la aplicación de la Ley de Maltrato Animal, lamentó Karla García, representante de la asociación Huella Amiga.
El 10 de enero de este año, la población potosina se vio conmocionada con el asesinato de “Canelo”, un perro comunitario que fue privado de la vida a cuchilladas por parte de un habitante de la colonia Villas de Jacarandas; el pasado jueves se llevó a cabo la audiencia con el imputado, quien ofreció la reparación del daño por la vía económica.
La propuesta fue un pago de 5 mil 800 pesos correspondientes a los gastos originados por la necropsia y gastos funerarios de “Canelo”, además de otorgar 12 kilos de croquetas por seis meses a un refugio de animales. Al respecto, Karla García, activista por los derechos de los animales, denunció que la Fiscalía General insistió en que se aceptara la reparación del daño para concluir el caso por la vía más sencilla.
En la audiencia celebrada el jueves, el juez concedió la suspensión del proceso al imputado a cambio de la reparación del daño por un monto de 12 mil 900 pesos; la activista reprochó que “al hablarle sobre los derechos de los animales y expresarle que lo que buscamos es justicia y necesitábamos sentencias favorables para los animales, que sirvan para dejar precedentes y mandar mensajes contundentes y fuertes para los maltratadores de animales”, la respuesta del juez fue que esto generaría que después reciba demandas “hasta porque se mató a una mosca”.
La activista reconoció que para los jueces, el tema de maltrato animal es nuevo, sin embargo señaló que también hay falta de interés en ellos para capacitarse, y adelantó que solicitarán la nulidad del proceso “ya que ni la asesora de oficio, ni la mesa de maltrato animal (de la Fiscalía) integraron correctamente el expediente, dejaron fuera cosas muy importantes”.
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