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A pesar de que el gobierno federal publicara este viernes un nuevo decreto para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera -conocidos como autos chocolate-, en el que se amplía el plazo hasta marzo, desde las instancias de Seguridad en San Luis Potosí se dio a conocer que “no hay información oficial hasta el momento”.
La publicación se hizo en el Diario Oficial de la Federación, con lo que la medida entrará en vigor a partir del 1 de enero, y hasta el 31 de marzo de 2024.
Lo anterior, ante la necesidad de implementar estrategias que mejoren el bienestar de la población, otorguen certeza jurídica, protejan el patrimonio familiar y garanticen la seguridad pública.
Una de esas estrategias es la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, que no han tramitado su importación definitiva, es decir que no han acreditado su legal estancia en el país.
Entre los estados donde aplicará el nuevo decreto a partir del próximo lunes se encuentra San Luis Potosí; junto a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Lo anterior al ser entidades con alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá.
Con la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera se ha logrado recaudar aproximadamente cuatro mil 790 millones de pesos, lo que ha permitido llevar a cabo acciones de obra pública en los municipios de las entidades federativas participantes.
Esta es la segunda vez que se amplía el plazo para regularizar autos chocolate en nuestra entidad y otros 15 estados, ya que a finales de septiembre pasado el Gobierno del Estado informó que el trámite de regularización de vehículos extranjeros se mantendría hasta el próximo 30 de diciembre.
El gobierno local oficializó entonces el anuncio que hiciera la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia mañanera el 26 de septiembre.
Tanto el gobierno federal como el estatal han reconocido que la medida “busca otorgar certeza jurídica y patrimonial a la población que cuenta con vehículos de procedencia extranjera, “además de prevenir la comisión de delitos utilizando este tipo de automóviles”.
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