/ viernes 11 de enero de 2019

Gobierno federal investigará caso de San Juan de Guadalupe

Para la constitución de dicha inmobiliaria los desarrolladores plantean que los comuneros tendrán un 40% de peso en las decisiones

Funcionarios de la Procuraduría Agraria Nacional serán investigados por la denuncia de comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, respecto a que la autoridad trata de favorecer a desarrolladores inmobiliarios para despojar de sus tierras a los comuneros, informó Carlos Covarrubias Rendón, uno de los asesores legales de los denunciantes.

Luego de que el pasado martes una comitiva de comuneros acudió al Palacio Nacional para entregar una denuncia de intento de despojo de tierras por parte de inmobiliarios favorecidos por la Procuraduría Agraria, Covarrubias Rendón informó que el tema llamó la atención de la Presidencia de la República y se investigará a la directora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Agraria, ya que emitió un mandamiento para que se llevara a cabo una asamblea en la que se pretendía constituir una inmobiliaria con la aportación de más de 2 mil hectáreas de la comunidad, a pesar de que no existía opinión de la propia Procuraduría Agraria, “es decir que aporten sus tierras aunque no estén de acuerdo”.

Para la constitución de dicha inmobiliaria los desarrolladores plantean que los comuneros tendrán un 40% de peso en las decisiones del consejo de administración, y el 60% restante será de los propios desarrolladores, por lo que tendrían control de las decisiones que se tomen, aunado a que se presentó un avalúo donde el supuesto valor de la tierra de los comuneros es de 83 pesos por metro cuadrado, cuando en el Club de Golf el costo que se maneja es de 10 mil pesos el metro cuadrado.

El abogado manifestó que incluso los representantes de los desarrolladores han involucrado en este proceso al Gobierno del Estado, ya que les han dicho a los comuneros que el gobernador liberó recursos para pagar a quienes accedan a ceder sus tierras; también hizo referencia al alcalde capitalino Xavier Nava Palacios y señaló que el anuncio de obras en Tierra Blanca es parte una estrategia para favorecer a los inmobiliarios, “es tratar de adormilar a la gente con obras de relumbrón, decepciona por su estirpe política, es claro que su llegada al poder tiene como soporte a los desarrolladores inmobiliarios”.

Aparte, Noel de la Rosa, comunero titular de Tierra Blanca, señaló que los desarrolladores han comprado votos de lagunas personas para que en las asambleas voten a favor de sus proyectos, “ahorita los tienen con posadas, regalos para los niños”.

Finalmente, aseguraron que de 328 comuneros con derecho al voto en las asambleas, alrededor de dos terceras partes están en contra de la venta de sus tierras, por lo que seguirá la resistencia y ahora se espera contar con apoyo del gobierno federal.

Funcionarios de la Procuraduría Agraria Nacional serán investigados por la denuncia de comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, respecto a que la autoridad trata de favorecer a desarrolladores inmobiliarios para despojar de sus tierras a los comuneros, informó Carlos Covarrubias Rendón, uno de los asesores legales de los denunciantes.

Luego de que el pasado martes una comitiva de comuneros acudió al Palacio Nacional para entregar una denuncia de intento de despojo de tierras por parte de inmobiliarios favorecidos por la Procuraduría Agraria, Covarrubias Rendón informó que el tema llamó la atención de la Presidencia de la República y se investigará a la directora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Agraria, ya que emitió un mandamiento para que se llevara a cabo una asamblea en la que se pretendía constituir una inmobiliaria con la aportación de más de 2 mil hectáreas de la comunidad, a pesar de que no existía opinión de la propia Procuraduría Agraria, “es decir que aporten sus tierras aunque no estén de acuerdo”.

Para la constitución de dicha inmobiliaria los desarrolladores plantean que los comuneros tendrán un 40% de peso en las decisiones del consejo de administración, y el 60% restante será de los propios desarrolladores, por lo que tendrían control de las decisiones que se tomen, aunado a que se presentó un avalúo donde el supuesto valor de la tierra de los comuneros es de 83 pesos por metro cuadrado, cuando en el Club de Golf el costo que se maneja es de 10 mil pesos el metro cuadrado.

El abogado manifestó que incluso los representantes de los desarrolladores han involucrado en este proceso al Gobierno del Estado, ya que les han dicho a los comuneros que el gobernador liberó recursos para pagar a quienes accedan a ceder sus tierras; también hizo referencia al alcalde capitalino Xavier Nava Palacios y señaló que el anuncio de obras en Tierra Blanca es parte una estrategia para favorecer a los inmobiliarios, “es tratar de adormilar a la gente con obras de relumbrón, decepciona por su estirpe política, es claro que su llegada al poder tiene como soporte a los desarrolladores inmobiliarios”.

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