La asamblea comunal que se llevó a cabo este domingo en San Juan de Guadalupe se salió de control. Comuneros que se oponen a otorgar sus tierras a una empresa fraccionadora, terminaron detenidos por elementos de la policía estatal; horas más tarde fueron liberados.
En vísperas de navidad se vivió una enorme tensión en la comunidad con brotes de violencia entre comuneros que no aceptan a las inmobiliarias y quienes operan a su favor, para obtener “ciertos beneficios”, denunció Carlos Covarrubias Rendón, asesor de los disidentes.
Y es que con un intenso operativo policial, la presencia de la Procuraduría Agraria y la intervención directa del Gobierno Estatal y Federal, se intentó forzar la entrega de 2 mil 68 hectáreas de la comunidad San Juan de Guadalupe, a la empresa inmobiliaria "RESERVA".
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La compañía fraccionadora pretende adjudicarse terrenos de manera ilegal en San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito, para edificar proyectos inmobiliarios; comuneros opositores habrían denunciado tiempo atrás, que intentan realizarse asambleas para otorgar predios que serán utilizados para proyectos inmobiliarios.
Y aunque la Procuraduría Agraria informó a los comuneros que no fue aceptada la Solicitud de Opinión y con eso se detuvo el proyecto, la mañana de ayer se intentó nuevamente llevar a cabo una asamblea, que provocó la movilización de comuneros opositores, mismos que resultaron detenidos a manos de la policía estatal.
Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando elementos de la Policía Estatal, detuvieron a tres hijos de comuneros opositores, denunció. Detalló que la promesa era otorgar 65 mil pesos a cada comunero, al terminar la reunión por parte de los representantes de la empresa "RESERVA", encabezados por Carlos López Medina y Alejandro Tamayo.
Se requerían, dijo, 270 asistentes y no lograron reunir ni 150, por lo que, al no existir quórum, se canceló la asamblea, misma que se salió de control, provocando la detención de algunos compañeros, refirió.
Lo volverán a intentar el día 20 de enero, adelantó, al insistir que lo que se pretende hacer es "una infamia, pues no existe opinión de la Procuraduría Agraria, ni uso de suelo, ni avalúo, ni proyecto ejecutivo y no obstante una funcionaria de primer nivel se involucró en la maniobra y ordenó se aporte a cómo de lugar".
"Se trata de la directora de asuntos jurídicos de la Procuraduría Agraria, la ex Magistrada del Estado de Nuevo León, Alejandrina Gámez Rey, cuestionada por sus nexos con bancos como Scotiabank".
Es un acto infame donde se utilizan todos los recursos del poder factico, como en los mejores tiempos del "PRIAN", usando las instituciones agrarias, insistió. No queda más que la resistencia y la autodefensa, aseguró.
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