Este viernes, el Frente Marea Verde San Luis Potosí entregó al Congreso del Estado la iniciativa ciudadana para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal estatal, para despenalizar la interrupción del embarazo en el ámbito local.
Al acudir a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, representantes de esta colectiva dieron a conocer que se entregaron diversos documentos en los que exhortan a los diputados locales a analizar, entender y abordar esta iniciativa, desde un enfoque de derechos humanos de las mujeres potosinas.
Manifestaron que después de la resolución que se dio desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 6 de septiembre, es importante que los legisladores en San Luis Potosí tomen en cuenta que el Código Penal Estatal se debe armonizar con el Código Penal Federal.
“La imposición de un embarazo no deseado implica una restricción severa a la autonomía de la mujer; una maternidad impuesta limita la autonomía reproductiva y obstaculiza el libre desarrollo de la personalidad en los diferentes ámbitos de su vida social, educativa y laboral; una maternidad forzada atenta contra el derecho de toda persona a la preservación de su salud, contra la integridad física y mental de la mujer no sólo por imponer la gestación y el parto, sino por renunciar a su proyecto de vida. Es por ello que el Estado debe garantizar y proteger los derechos consagrados constitucionalmente, así como los instrumentos internacionales que México ha ratificado”, expresaron como parte de su posicionamiento.
De igual forma, destacaron que, además de reformar las leyes es necesario abarcar temas de presupuesto y salud, con las dependencias correspondientes, por lo que ya se encuentran preparando una iniciativa para modificar la Ley de Salud en el Estado, la cual también presentarán al Congreso en próximas semanas.
“El Congreso del Estado de San Luis Potosí debe realizar las medidas necesarias para implementar políticas integrales que garanticen el acceso a la justicia, a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención para el aborto seguro, con estrategias educativas e informativas que ayuden a decidir libre y responsablemente la interrupción del embarazo, sin estigmas. Para ello resulta importante y una prioridad adecuar la norma penal”, apuntaron.
Finalmente, invitaron a las y los diputados a entablar un diálogo institucional y respetuoso para abordar con detalle este tema, independientemente de las ideologías que cada quien tenga, pues como funcionarios públicos deben tener presente que se encuentran en una institución pública que se rige por un Estado laico, además de que deben considerar los tratados internacionales que México ratificó y que se deben respetar.
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