En respuesta a una solicitud de información realizada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) , el organismo presentó un preocupante panorama sobre las quejas de tortura en el estado de San Luis Potosí. Los datos, proporcionados por la Dirección de Canalización, Gestión y Quejas, cubren el período desde el 2010 hasta junio de 2024 y muestran un alarmante panorama sobre denuncias contra diversas autoridades.
Según el informe, desde el 2010 a la fecha se han presentado un total de 470 quejas por tortura en el estado.
Las cifras más destacadas por año son las siguientes:
- 2010: 14 quejas
- 2011: 34 quejas
- 2012: 55 quejas
- 2013: 74 quejas
- 2014: 62 quejas
- 2015: 45 quejas
- 2016: 47 quejas
- 2017: 52 quejas
- 2018: 30 quejas
- 2019: 41 quejas
- 2020: 19 quejas
- 2021: 15 quejas
- 2022: 30 quejas
- 2023: 26 quejas
- 2024 (hasta junio):13 quejas
Las autoridades más señaladas incluyen la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, ahora Dirección General de Métodos de Investigación; y la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, acumulando la mayoría de las denuncias. Otros cuerpos policiales mencionados son la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Policía Federal y diversas direcciones municipales de seguridad pública.
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Pero también incluyen a la Policía Federal Preventiva, Secretaría de Marina, Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Ahualulco, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Fernández, Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, Dirección de Averiguaciones Previas, Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Dirección General de la Comisaría de Fuerzas Municipales y Policía Vial de Matehuala y Fiscalía General de la República.
Preocupaciones y repercusiones
La asociación civil “Causa Común“, ha señalado que a nivel nacional el incremento en las denuncias de tortura es alarmante no solo por el número, sino por la gravedad de las acusaciones. Las cifras indican que prácticas de tortura podrían estar profundamente arraigadas en diversas corporaciones de seguridad del estado, lo cual es una seria violación a los derechos humanos.
Pues la repetida aparición de ciertas instituciones en los informes de quejas sugiere un problema sistemático que requiere atención urgente y reformas estructurales.
La organización también ha enfatizado que el impacto en la confianza pública hacia las fuerzas de seguridad es devastador. Los ciudadanos, al ser víctimas de tortura por parte de quienes deben protegerlos, se enfrentan a un doble trauma: el físico y psicológico de la tortura y la pérdida de fe en las instituciones.
Por lo que para abordar esta crisis, es fundamental que se implementen varias medidas. Entre ellas, se destaca la necesidad de establecer mecanismos independientes de supervisión y denuncia, garantizar la capacitación adecuada en derechos humanos para todos los cuerpos de seguridad, y asegurar que los responsables de actos de tortura sean debidamente procesados y sancionados.
Pues los datos revelados sobre las quejas de tortura en San Luis Potosí subrayan una preocupante situación que demanda una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades. La protección de los derechos humanos debe ser prioritaria para garantizar la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos.
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