Centros de Readaptación Social han presentado mejoras desde el ámbito social, humano y de justicia para la completa readaptación de las personas privadas de la libertad, así lo aseguró el Presidente de la Fundación RENACE, José Mario de la Garza Marroquín.

Quien además enfatizó que en estos espacios prevalece el trabajo colaborativo de las autoridades gubernamentales en vías a la dignificación de la vida de quienes hoy purgan una condena.

"Hemos notado que los centros en dónde tenemos personas privadas de su libertad son lugares dignos, ordenados, con limpieza y dónde las personas tengan oportunidades ", expuso.

De la Garza Marroquín consideró además, que en 10 años en los que su asociación se ha dedicado a la defensa de los Derechos Humanos para lograr el acceso de justicia a personas privadas de su libertad, ha sido la primera vez que un gobierno encamina acciones a favor de quienes enfrentan este proceso en condiciones de vulnerabilidad.

"Es realmente significativo, sobre todo la inclusión de la Sociedad civil y como desde este ámbito podemos desarrollar procesos en conjunto en beneficio de esta población ".

Al referirse a los procesos de acompañamiento y reinserción que se establecen en la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores, de la Garza Marroquín calificó los avances como nunca antes vistos, y subrayó que hoy se da cumplimiento a cabalidad a los 5 ejes que tienen que ver con educación, deporte, capacitación, trabajo y salud, bajo un modelo más sensible y humano que permitirá que las mujeres y hombres se reintegren a la sociedad positivamente.

Aunado a esto, De la Garza Marroquín señaló que estas mejoras sustanciales en el Sistema Penitenciario resignifican el valor de construir una sociedad más justa.

"Nunca habíamos visto un gobierno comprometido con los centros donde hay personas privadas de su libertad, hay que apoyarlos y lograr que puedan reinsertarse en la sociedad, por lo cual es importante seguir trabajando", apuntó.

Es preciso señalar que RENACE A.C., se dedica a brindar asistencia jurídica y psicosocial a familias y personas que enfrentan un proceso de privación de la libertad, con el fin de lograr que las autoridades que imparten justicia respeten los derechos de las personas vulnerables en conflicto con la ley, procurando lograr su reinserción en la sociedad y asistiendo a sus dependientes durante el proceso.