En San Luis potosí habría un padrón de alrededor de 90 mil vehículos de procedencia extranjera factibles de regularizarse con el decreto emitido por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, por lo que será importante el impacto tanto para la población rural como para el gobierno del estado en el tema económico.
En San Luis Potosí el 90 por ciento las personas que poseen autos extranjeros no pueden comprar una unidad nueva, “aquí se habla desde campesinos hasta profesionistas afiliados, en el estado existe un padrón global de más de seis organizaciones calculado en que serían alrededor de 90 mil unidades extranjeras las que hay circulando libremente”. Así lo comento Elizabeth Gómez Suárez dirigente de la asociación Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP), quien celebró la decisión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al dar a conocer la decisión institucional de legalizar los vehículos de procedencia extranjera que circulan legalmente en la entidad potosina.
Gómez Suárez se dijo convencida de que el decreto tendrá un impacto económico y social muy positivo para San Luis a partir del proceso que inicia en este mes de abril, dándose con ello los primeros pasos para atender los requerimientos del gobierno del estado para la entrega de placas a esas unidades, de forma totalmente gratuita cómo lo anunció el mandatario estatal.
La líder del CTPL, resalto que han sido 33 años de ardua lucha para llegar a este momento, los cuales no deben desestimarse y mucho menos dejar de lado que fue la CTPL la primera organización en entregar un padrón formal en el año 2001 al gobernador Fernando Silva Nieto, para de ahí en adelante renovar y confirmar al menos dos veces por sexenio cuántos agremiados se tenían y que al momento ya sobrepasan los 20 mil.
Por ahora, dijo, habrá que esperar a que se firme un acuerdo para que la entidad se adhiera al decreto y se inicie el proceso de legalización ante las instancias formales de los gobiernos federal y estatal, y celebró que el recurso económico obtenido de la legalización, se destine a más obras de infraestructura urbana, “siempre y cuando los poseedores de estas unidades extranjeras estén en condiciones de lograr el beneficio de acuerdo al tipo de unidad que tienen”.
