San Luis Potosí (OEM-Informex).- La reconocida pintora potosina Flora Martínez Bravo acusa al titular de la Secretaría de Comunciacion y Transportes (SCT), Ramiro Robledo López haberla despojado de su vehículo UBER donde puso a trabajar a su hijo y su sobrino para subsistir. “Me dejó sin comer, yo tengo 92 años, es obvio que ya no puedo trabajar, por lo que invertí mis ahorros en un vehículo del año para habilitarlo en el servicio de Uber pero la adminitración me quitó mi patrimonio”, señala doña Flora Martínez creadora de los 65 retratos de los gobernadores de San Luis Potosí, que se localizan en Palacio.
“Estoy muy triste”.
Reconocida en el ámbito nacional e internacional como precursora del Hiperrealism, Flora Martínez acudió a Palacio de Gobierno para solicitar el apoyo para que le devuelvan la unidad que compró porque, por si fuera poco, “ya lo habíamos sacado de la plataforma de Uber pero aún así me lo quitaron, ahora quieren argumentar que yo no tengo ningún vehículo a mi nombre, pero es obvio que a mis 92 años no lo voy a tener, se lo compré a mi hijo y mi sobrino pero es para mi uso”.
En tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desmintió que haya quitado alguna unidad de transporte, regular o irregular a la pintora Flora Martínez Bravo.
A través de un comunicado de prensa, la dependencia informó que el nombre de la artista, “no aparece como propietario de ningún vehículo en los registros de las actas administrativas, aplicadas en los operativos más recientes”.
De igual forma se dio a conocer que no se ha acreditado la propiedad de ningún vehículo sancionado por prestar el servicio de transporte público, a título oneroso por parte de ella, “por lo que se desconocen los motivos por los cuales realiza su reclamo”.
A pesar de que la dependencia argumentó no conocer las causas del reclamo de Flora Martínez, en meses pasados se dio a conocer que su hijo, el activista José Eugenio Calvillo Martínez, fue chofer de Uber y él mismo declaró que había sido “desconectado de la plataforma por defender sus derechos, tras meses de sufrir ataques por parte de taxistas y grupos de choque”.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reiteró que continuarán las labores de inspección y vigilancia “con el fin de verificar que los prestadores del servicio de transporte público, cumplan con las disposiciones legales”.
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