/ martes 26 de marzo de 2019

Descalifica CEDH declaraciones de la iglesia en torno al aborto

No se compara un feminicidio con la interrupción legal del embarazo, aclara

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hizo un llamado a los sectores de la sociedad, a no enjuiciar ni criminalizar a las mujeres que han decidido llevar a cabo la interrupción legal del embarazo.

La semana pasada, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, cuestionó porqué sólo hay indignación por los feminicidios y no por el aborto, debido a la iniciativa en el Congreso para despenalizar esta práctica.


Sin hacer referencia explícita al sacerdote, el Consejo Ciudadano de la CEDH emitió un posicionamiento en el que llama “a la sociedad potosina para concientizarnos y emitir declaraciones respetuosas de los derechos humanos de las mujeres, que en lugar de fomentar el desprestigio y enjuiciamiento hacia las mujeres que deciden realizar la interrupción de un embarazo, fomenten el respeto del derecho a una vida libre de violencia”.

Destaca que en 2017 se tuvo registro de 34 casos de muertes violentas de mujeres, y en 2018 la cifra subió a 50, por lo que se han realizado esfuerzos por visibilizar la situación del respeto de los derechos humanos de las mujeres, en particular en los casos de feminicidio, “y resulta preocupante que existan este tipo de comentarios que lejos de abonar a la indignación y reclamo por la justicia y reparación de las víctimas, realicen una comparación desafortunada que trivializa y minimiza la vida de las mujeres y el derecho de éstas a vivir libres de violencia”.

Incluso puntualiza que dichas declaraciones constituyen un ataque a los derechos humanos de las mujeres por generar discriminación y normalización de la violencia bajo un contexto estereotipado y de criminalización, pues el derecho al libre desarrollo de la personalidad contempla, entre otros, tanto el derecho de procrear, como el número de hijos y el momento de decidir ser madre o no, por lo que la decisión sobre la interrupción del embarazo se encuentra protegida prima facie por este derecho.

Refiere que si bien el Consejo Ciudadano es respetuoso de la postura ética que tenga cualquier grupo religioso en torno al aborto, “la comparativa realizada, lejos de promover una postura moral, atenta contra las mujeres y las niñas desde el contexto de la necesidad de unirnos a la estrategia de erradicación de las causas de las violencias, máxime en el contexto de emergencia en que se encuentra nuestro Estado por la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres”.

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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hizo un llamado a los sectores de la sociedad, a no enjuiciar ni criminalizar a las mujeres que han decidido llevar a cabo la interrupción legal del embarazo.

La semana pasada, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, cuestionó porqué sólo hay indignación por los feminicidios y no por el aborto, debido a la iniciativa en el Congreso para despenalizar esta práctica.


Sin hacer referencia explícita al sacerdote, el Consejo Ciudadano de la CEDH emitió un posicionamiento en el que llama “a la sociedad potosina para concientizarnos y emitir declaraciones respetuosas de los derechos humanos de las mujeres, que en lugar de fomentar el desprestigio y enjuiciamiento hacia las mujeres que deciden realizar la interrupción de un embarazo, fomenten el respeto del derecho a una vida libre de violencia”.

Destaca que en 2017 se tuvo registro de 34 casos de muertes violentas de mujeres, y en 2018 la cifra subió a 50, por lo que se han realizado esfuerzos por visibilizar la situación del respeto de los derechos humanos de las mujeres, en particular en los casos de feminicidio, “y resulta preocupante que existan este tipo de comentarios que lejos de abonar a la indignación y reclamo por la justicia y reparación de las víctimas, realicen una comparación desafortunada que trivializa y minimiza la vida de las mujeres y el derecho de éstas a vivir libres de violencia”.

Incluso puntualiza que dichas declaraciones constituyen un ataque a los derechos humanos de las mujeres por generar discriminación y normalización de la violencia bajo un contexto estereotipado y de criminalización, pues el derecho al libre desarrollo de la personalidad contempla, entre otros, tanto el derecho de procrear, como el número de hijos y el momento de decidir ser madre o no, por lo que la decisión sobre la interrupción del embarazo se encuentra protegida prima facie por este derecho.

Refiere que si bien el Consejo Ciudadano es respetuoso de la postura ética que tenga cualquier grupo religioso en torno al aborto, “la comparativa realizada, lejos de promover una postura moral, atenta contra las mujeres y las niñas desde el contexto de la necesidad de unirnos a la estrategia de erradicación de las causas de las violencias, máxime en el contexto de emergencia en que se encuentra nuestro Estado por la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres”.

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