Después de la controversia en la que se vio envuelto el mal manejo de medicamentos de tratamiento especial en la pasada administración, el Gobierno municipal a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) se vinculó con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), a fin de garantizar el servicio 100 por ciento confiable a los beneficiarios de la toxina botulínica y otros servicios.
La presidenta del DIF capitalino Nancy Puente Orozco, expuso que desde el inicio de la administración municipal se dieron a la tarea de buscar la valoración de las instancias reguladoras de los servicios de salud, para transparentar los procesos de salud que se ejecutan en el Centro de Desarrollo Comunitario Maravillas y en la Unidad Básica de Rehabilitación.
“Nos tardamos un poco en retomar la aplicación de la toxina pero teníamos que hacerlo porque estamos conscientes de la responsabilidad que representa y hoy si podemos garantizar la calidad de los medicamentos”, aseguró.
Informó que previamente, personal especializado hace la valoración a cada paciente que es atendido en la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF, para determinar quienes son candidatos a recibir el tratamiento, “es un estímulo complementario para los pacientes que presentan espasticidad combinado con terapias de rehabilitación paralelamente”, refirió la presidenta del DIF municipal de San Luis Potosí.
Por su parte, la directora de la dependencia municipal Adriana Urbina Aguilar, presentó la documentación emitida por la COEPRIS en los que se aprueba el procedimiento de los servicios de salud que proporciona la dependencia municipal a sus pacientes, “los permisos corresponden a la unidad de rehabilitación, el consultorio dental, el área de psicología y las terapias alternativas como de lenguaje y auditiva”, acotó la funcionaria.
Precisó que fueron atendidas algunas recomendaciones de ajuste material y tecnológico, “fueron capacitas las personas que están adscritas a estos servicios y solicitamos a Protección civil la valoración de las instalaciones para liberar de todo riesgo a los usuarios”.
.jpg "Personas con discapacidad (1).jpg")