Entre 2017 y 2019 los Centros de Justicia para Mujeres (CJM) han dado acompañamiento en siete abortos legales en San Luis Potosí de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 046, indicó Julieta Méndez Salas, directora general de los CJM.
La funcionaria explicó que de acuerdo a la NOM 046, es una obligación de instituciones públicas y privadas garantizar el derecho a la mujer a la interrupción legal del embarazo cuando ha sido víctima de violencia sexual, y es un derecho que deben garantizar instituciones de asistencia, de procuración de justicia y de salud.
Precisó que en 2017 se realizaron dos abortos legales en San Luis Potosí; en 2018 fue uno en Rioverde, uno en Matlapa y uno en la Capital potosina; y en lo que va de 2019 se han realizado dos, uno en San Luis y uno en Matlapa. Mencionó que estos son casos que han llegado al CJM, en donde también destacó uno en donde un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le negó el servicio a una derechohabiente, y se presentó la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que emitió una Recomendación al Instituto, aunque la mujer fue canalizada a los servicios de salud.
Méndez Salas explicó que para acceder a este derecho, no es necesario que la mujer presente la denuncia penal y las instituciones no tienen porqué cuestionarle cómo sucedieron los hechos o si hubo responsabilidad de su parte, además de que el servicio debe ser confidencial, “basta que una mujer llegue a un hospital público y refiera haber sido víctima de un delito para que se aplique la norma”, y en caso de que se le niegue el servicio, puede recurrir al CJM para garantizar que se respete este derecho de forma rápida.
Finalmente, indicó que si bien los médicos pueden presentar una objeción de conciencia para practicar la interrupción voluntaria del embarazo, “también hay obligación de los hospitales de tener médicos que garanticen este derecho humano de las mujeres a su salud”.
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