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La comunidad de Arroyos lleva cinco meses sin agua potable y a pesar de ello, sin autorización del núcleo ejidal, la Comisión Estatal del Agua (CEA) vació la presa San Antonio para elevar la cortina, denunciaron autoridades ejidales acompañadas por su abogado.
Habitantes de la comunidad de Arroyos, perteneciente a la Capital potosina, denunciaron que llevan cinco meses sin agua potable en la red doméstica debido cambios de personal en la CEA; explicaron que la comunidad recibía agua potable por un convenio de la CEA con el Ayuntamiento celebrado hace 40 años, sin embargo la Comisión cambió de personal y “hay un desorden porque la gente desconoce la manera de administrar el servicio”, denunció Felícitas Huerta Soto, secretaria del ejido.
Esta situación llevó a que desde hace cinco meses se suspendiera el servicio en la red doméstica, por lo que hay 600 familias sin agua potable; mencionaron que hasta el lugar van pipas que venden el agua, pero sólo algunas personas están en la posibilidad económica de pagar por ella.
A ello se suma otro problema, pues había quienes utilizaban el agua de la presa San Antonio, sin embargo el comisariado Ignacio Monjarás Esquivel, señaló que hace unos 15 días la CEA vació la presa con la justificación de que se realizará una obra para elevar la cortina de la presa 5 metros para captar más agua y evitar riesgos a la comunidad ya que hace años que no recibe mantenimiento.
El abogado Jesús Galarza Almaguer indicó que si bien la obra está justificada, los núcleos agrarios tienen derecho sobre el 50% del agua y no fueron consultados por la CEA para la realización de la obra ni para verter el agua de la presa, por lo que se tramitó un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, mismo que les fue concedido y el juez ordenó la suspensión de la obra.
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Los conflictos no paran ahí, pues el tesorero del ejido, indicó que el agua que fue vertida de la presa fue a dar a bancos de material en los que empresas de la Zona Industrial, principalmente acereras, han vertido sus desechos, mismos que con el agua se extendieron a algunas tierras ubicadas en los alrededores del Eje 136.
Manifestó que esta mala práctica de los industriales ya tiene años y no ha sido atendida por las autoridades ambientales, y ahora que se esparcieron los desechos ya se comienzan a notar afectaciones en los animales.
El abogado agregó que por unos días la CEA envió pipas para la comunidad, sin embargo al conocer el amparo en contra de la presa, personal de la dependencia “amenazaron que si no retiraban la demanda ya no les iban a mandar las pipas, de ahí la necesidad de hacer pública la situación”.
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