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Giovana Itzel Argüelles Moreno, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, celebró el trabajo que el Congreso del Estado en conjunto con otros Poderes e instituciones está llevando a cabo para realizar la convocatoria para la consulta pública dirigida a las personas con discapacidad, respecto de la iniciativa que propone expedir la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
Afirmó que este ejercicio da cumplimiento al 4.3 de la Convención para Personas con Discapacidad donde se dice que; en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención y, en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados y partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
Argüelles Moreno afirmó que, este ejercicio permitirá visibilizar las necesidades de una persona con discapacidad, pues para brindar una real autonomía, se necesita que el Estado conozca las necesidades y carencias que vive una población muchas veces cosificada y discriminada por su discapacidad.
Dijo que, el ejercicio de legislar debe de partir desde las necesidades de las personas, pues ahí se encuentra el centro de los derechos humanos, para una real inclusión en políticas públicas.
Afirmó que la consulta a personas con discapacidad, ayuda a la transversalización, pues México es un país que segmenta en lugar de incluir, en el que se etiqueta que las personas con discapacidad, tienen que o que no tienen que hacer, por lo que visibilizarlo garantiza y muestra temas como; mujeres, sexualidad, movilidad, salud.
Finalmente, la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos celebró que exista una gran apertura del Poder Legislativo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual trabajará de la mano con los pendientes que se tienen como; personas con discapacidad, amnistía el cual es un gran pendiente, que presupuestos en materia de derechos humanos se ejerzan responsablemente, así como priorizar los temas de personas en situación de vulnerabilidad.
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