/ lunes 22 de abril de 2019

ASE presentará denuncias por cuentas 2017

Respeta el debido proceso, para que la autoridad pueda actuar con apego a la ley: Rocío Cervantes

La Auditoría Superior del Estado iniciará en breve las acciones legales correspondientes a las observaciones no solventadas de las Cuentas Públicas 2017, informó la titular Rocío Cervantes Salgado.

Para garantizar el respeto al debido proceso, realizó una jornada de capacitación en materia de responsabilidades administrativas, dirigida al personal de Asuntos Jurídicos y Ejecución del organismo fiscalizador.

El curso fue impartido por los magistrados de los tribunales Estatal y Federal de Justicia Administrativa, Ma. Eugenia Reyna Mascorro y Juan Manuel Arias González respectivamente, en el Auditorio de Posgrados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP.



La Ley General de Responsabilidades Administrativas ocupó gran parte de la agenda de este curso, en cuanto a su objeto de establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno, además de definir obligaciones, sanciones aplicables por actos u omisiones y los correspondientes procedimientos de aplicación.

Se ofrecieron herramientas a los asistentes en relación con las normas de actuación de los servidores públicos y la determinación de los casos en que éstos incurren en faltas administrativas, así como los respectivos procesos y sanciones en caso de su cometimiento.

Los magistrados aclararon los objetivos que plantea la citada Ley de Responsabilidades en cuanto al establecimiento de: principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; faltas administrativas graves y no graves, sanciones aplicables, procedimientos de aplicación y facultades competentes; sanciones por la comisión de faltas de particulares, procedimiento para su aplicación y autoridades competentes; determinación de mecanismos de prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas; y creación de bases para que los entes públicos establezcan políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

Leer también en El Sol de San Luis


La Auditoría Superior del Estado iniciará en breve las acciones legales correspondientes a las observaciones no solventadas de las Cuentas Públicas 2017, informó la titular Rocío Cervantes Salgado.

Para garantizar el respeto al debido proceso, realizó una jornada de capacitación en materia de responsabilidades administrativas, dirigida al personal de Asuntos Jurídicos y Ejecución del organismo fiscalizador.

El curso fue impartido por los magistrados de los tribunales Estatal y Federal de Justicia Administrativa, Ma. Eugenia Reyna Mascorro y Juan Manuel Arias González respectivamente, en el Auditorio de Posgrados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP.



La Ley General de Responsabilidades Administrativas ocupó gran parte de la agenda de este curso, en cuanto a su objeto de establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno, además de definir obligaciones, sanciones aplicables por actos u omisiones y los correspondientes procedimientos de aplicación.

Se ofrecieron herramientas a los asistentes en relación con las normas de actuación de los servidores públicos y la determinación de los casos en que éstos incurren en faltas administrativas, así como los respectivos procesos y sanciones en caso de su cometimiento.

Los magistrados aclararon los objetivos que plantea la citada Ley de Responsabilidades en cuanto al establecimiento de: principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; faltas administrativas graves y no graves, sanciones aplicables, procedimientos de aplicación y facultades competentes; sanciones por la comisión de faltas de particulares, procedimiento para su aplicación y autoridades competentes; determinación de mecanismos de prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas; y creación de bases para que los entes públicos establezcan políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

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