/ viernes 20 de diciembre de 2019

Valora el Presidente reducir los tiempos oficiales

A 50 años de que se impuso la obligación, los concesionarios ven con buenos ojos la medida

El Presidente analiza reducir los tiempos oficiales que obligan a los concesionarios a reservar para el Estado 18 minutos en televisión y 35 minutos en radio. Estos tiempos surgieron debido a la cobertura informativa que los medios electrónicos dieron a los acontecimientos del 2 de octubre en Tlatelolco.

En pleno uso de la garantía de la Libertad de Expresión y el derecho a informar, los medios de comunicación no callaron y en virtud de su labor noticiosa el Gobierno de esa época, como un acto de “represalia”, estableció que los concesionarios comerciales cobraran 25 por ciento de impuestos a sus anunciantes, y si no optaban por este camino, deberían poner 49 por ciento de sus acciones en un fideicomiso a favor del Estado.

En julio de 1969 se estableció que la radio y televisión deberían pagar en especie con 12.5 por ciento de su tiempo de transmisión; esta disposición se modificó en 2002, precisando que eran 18 minutos en televisión y 35 minutos en radio.

A 50 años de su imposición, la medida, además de significar una carga fiscal adicional, es recordada entre los industriales como una transgresión al derecho a la libertad de expresión, un tributo cuyo origen fue antidemocrático y punitivo.

La disposición no existe en ningún lugar del mundo. En México la radio y la televisión pagan derechos y aprovechamientos por el uso del espectro, por lo que en conjunto las empresas del sector cubren más impuestos que otros sectores.

Toda esta situación le resta competitividad a la industria, afecta sus finanzas, reduce sus inversiones y es una barrera a la competencia. En la industria equiparan esta situación a que el Gobierno exija a las aerolíneas lugares gratis en sus vuelos.

El Presidente de la República evalúa reducir los tiempos oficiales. La medida no afecta las finanzas públicas, pues no se captan ingresos por este concepto, por tanto, no se afecta la capacidad de gasto del Gobierno, ni se compromete la prestación de servicios ni la realización de obras públicas.

En la actualidad, el Gobierno federal además de los canales de difusión legales que utiliza (tiempos para spots , cadena nacional, boletines de notoria urgencia); la tradicional conferencia “mañanera”, las nuevas plataformas tecnológicas le ofrecen una inmediatez y penetración con muchas ventanas para hacer llegar su mensaje. No hay límite o pretexto para no estar informado.

Es posible adecuar el acuerdo del tiempo fiscal para el uso que hace el Gobierno federal y otros poderes mediante un decreto, como lo señaló el Presidente.

El Presidente analiza reducir los tiempos oficiales que obligan a los concesionarios a reservar para el Estado 18 minutos en televisión y 35 minutos en radio. Estos tiempos surgieron debido a la cobertura informativa que los medios electrónicos dieron a los acontecimientos del 2 de octubre en Tlatelolco.

En pleno uso de la garantía de la Libertad de Expresión y el derecho a informar, los medios de comunicación no callaron y en virtud de su labor noticiosa el Gobierno de esa época, como un acto de “represalia”, estableció que los concesionarios comerciales cobraran 25 por ciento de impuestos a sus anunciantes, y si no optaban por este camino, deberían poner 49 por ciento de sus acciones en un fideicomiso a favor del Estado.

En julio de 1969 se estableció que la radio y televisión deberían pagar en especie con 12.5 por ciento de su tiempo de transmisión; esta disposición se modificó en 2002, precisando que eran 18 minutos en televisión y 35 minutos en radio.

A 50 años de su imposición, la medida, además de significar una carga fiscal adicional, es recordada entre los industriales como una transgresión al derecho a la libertad de expresión, un tributo cuyo origen fue antidemocrático y punitivo.

La disposición no existe en ningún lugar del mundo. En México la radio y la televisión pagan derechos y aprovechamientos por el uso del espectro, por lo que en conjunto las empresas del sector cubren más impuestos que otros sectores.

Toda esta situación le resta competitividad a la industria, afecta sus finanzas, reduce sus inversiones y es una barrera a la competencia. En la industria equiparan esta situación a que el Gobierno exija a las aerolíneas lugares gratis en sus vuelos.

El Presidente de la República evalúa reducir los tiempos oficiales. La medida no afecta las finanzas públicas, pues no se captan ingresos por este concepto, por tanto, no se afecta la capacidad de gasto del Gobierno, ni se compromete la prestación de servicios ni la realización de obras públicas.

En la actualidad, el Gobierno federal además de los canales de difusión legales que utiliza (tiempos para spots , cadena nacional, boletines de notoria urgencia); la tradicional conferencia “mañanera”, las nuevas plataformas tecnológicas le ofrecen una inmediatez y penetración con muchas ventanas para hacer llegar su mensaje. No hay límite o pretexto para no estar informado.

Es posible adecuar el acuerdo del tiempo fiscal para el uso que hace el Gobierno federal y otros poderes mediante un decreto, como lo señaló el Presidente.

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