El Congreso de Tamaulipas presentó una nueva controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en esta ocasión contra la Fiscalía General de la República y el Juez de Distrito que solicitó y concedió, respectivamente, la orden de aprehensión contra el gobernador Francisco N, al considerar que se trata de un acto que afecta la esfera constitucional y constituye delitos en la impartición de justicia.
"La orden de aprehensión de referencia afecta la esfera constitucional del Congreso y contraviene a la Constitución Política Mexicana, respecto a la resolución que con base en el párrafo quinto del artículo 111 Constitucional se emitió el pasado 30 de abril por un ministro de la SCJN", informó la legislatura en un comunicado.
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"De acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva de esta legislatura, Félix Fernando García Aguilar, el delito que se contempla es por obstrucción de la justicia.
"Por un delito que se llama obstrucción de la justicia contra un servidor con fuero", destacó.
El Poder Legislativo local determinó en su oportunidad, no homologar la declaración de procedencia aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo cual implica que el Gobernador del Estado mantiene su fuero y por lo tanto no se puede girar, ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra.
El primer recurso fue presentado el pasado 30 de abril cuando en San Lázaro, por mayoría, se aprobó desaforar a Francisco "N", proceso que no homologó el Congreso Local. Fue hasta el 14 de mayo cuando la Suprema Corte de Justicia rechazó este recurso.
Esta nueva controversia se presentó este 21 de mayo y se espera en breve la resolución de la Corte, máxime cuando el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador urgió al máximo órgano judicial resolver al respecto del caso del mandatario tamaulipeco.
Antecedentes
El 30 de abril, la Cámara de Diputados declaró procedente el desafuero del gobernador tamaulipeco a petición de la FGR y la UIF. El delito por el que le quitaron el fuero fue defraudación fiscal al omitir parcialmente el pago de impuestos federales por la cantidad de seis millones 511 mil 777 pesos, esto al no haber declarado la compra de bienes inmuebles en Estados Unidos y la Ciudad de México.
Pero ese mismo día, la mayoría del Congreso de Tamaulipas optó por no homologar dicha acción, manteniendo así la inmunidad procesal del gobernador. Incluso interpuso un juicio de controversia constitucional para que la Suprema Corte determinara qué instancia legislativa era la indicada para realizar dicho juicio.
El pasado viernes, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó la controversia constitucional del Congreso tamaulipeco, sin embargo, especificó que dicha resolución no afecta la decisión tomada por este órgano legislativo, lo que significa que el gobernador mantendría su fuero. Lo anterior llevó a la FGR a interponer un recurso de reclamación ante la Corte.
Paralelamente a este proceso, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero dio a conocer el pasado 10 de mayo que recibió información del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la posible participación de los hermanos de Francisco N –Ismael (senador), José Manuel y José Ramón– en actos de lavado de dinero.
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