PRD recaba firmas para promover acción de inconstitucionalidad sobre Ley de Seguridad

El Sol Azteca debe presentar las firmas en un plazo de 30 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial

Gabriel Xantomila

  · martes 19 de diciembre de 2017

El ejército continúa en las calles ante ola de inseguridad del país Foto: Especial

El PRD en San Lázaro adelantó que independientemente de que el presidente Enrique Peña Nieto decida vetar o no la Ley de Seguridad Interior, esa bancada ya recolecta las firmas de 165 diputadas y diputados para promover la “acción de inconstitucionalidad” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior, implica que deben presentar las firmas en un plazo de 30 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, misma que -según el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, pudiera darse (si Peña no escucha los llamados al veto) a mediados de enero.

Además, el vicecoordinador parlamentario Jesús Zambrano instó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza Luis Raúl González Pérez, a que muestre señales contundentes sobre lo que ha afirmado en torno a sus inquietudes y preocupaciones del contenido de la Ley de Seguridad Interior y que puede propiciar la vulneración de las garantías individuales en nuestro país, de modo que también se prepare para promover la acción de inconstitucionalidad como lo hará la oposición en el Congreso.

Al mismo tiempo, el PRD refrendó su llamado al Presidente Enrique Peña Nieto para que haga valer su investidura y se adhiera al enciso “C” del artículo 72 de la Constitución, y suspenda la publicación de la Ley de Seguridad Interior, que su partido y aliados aprobaron “fast track”, desoyendo la convocatoria que él mismo hizo al hacer entrega del Premio de Derechos Humanos 2017 el pasado 8 de diciembre, en el sentido de que antes de avalar esta Ley, “fueran escuchadas todas las voces”.

Respecto al inciso “C’’ del artículo 72 constitucional, indica que el proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen.