La Secretaría de la Función Pública abrió otras dos líneas de investigación contra Odebrecht, la empresa que presuntamente sobornó con 10 mil millones de dólares a altos funcionarios públicos para obtener licitaciones petroleras, dio a conocer la titular de esta dependencia, Arely Gómez.
“Tengo otros dos que estoy trabajando, que ya pasaron del área de Responsabilidades, al área de Investigaciones, espero terminarlos; y otro que se está iniciando; pero los más grandes, Tula I, Tula II y Salamanca, ya tengo”, dijo en entrevista con El Sol de México, al final de su participación en la Entrega de Premio a la Innovación en Transparencia 2018.
Comentó que por su parte ya dio carpetazo a los procesos de investigación en materia administrativa, tras recordar que ya inhabilitó hasta por cuatro años a la filial Constructora Norberto Odebrecht S.A, para que no participe en licitaciones públicas, y sancionó al consorcio brasileño hasta con mil 86 millones de pesos. Además de 14 revisiones de evolución patrimonial contra servidores públicos de Petróleos Mexicanos que participaron en los delitos de soborno y cohecho.
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“La Secretaría de la Función Pública, al día de hoy, cuenta con cuatro inhabilitaciones a la empresa Odebrecht. Es el único país donde se le ha inhabilitado, donde tiene sanciones históricas a servidores públicos de Pemex y a representantes de la empresa. Se han ido impugnando, como sucede en todos estos casos, hemos ido ganando nosotros esto, pero la Secretaría de la Función Pública tiene estos asuntos, ya ejerció su facultad y ya sancionó”, explicó.
Respecto al caso de Javier Duarte, aclaró que no entregaron una investigación deficiente como dijo el subprocurador de la PGR, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, y recordó que fue ella quien consignó a Javier Duarte por delincuencia organizada, delito por el que hoy es juzgado.
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Mientras que la administración actual reclasificó el delito como asociación delictuosa, el cual no es considerado como grave y fue motivo de disminución de la pena, no obstante, se mantiene respetuosa de las autoridades actuales.
“Soy absolutamente respetuosa del Poder Judicial. Ellos tomaron esta decisión después de un estudio, como te lo comento, técnico-jurídico. Ahora, también además del delito por delincuencia organizada, se le consignó por el delito de lavado de dinero. Ambas conductas delictivas son consideradas graves y ameritan prisión preventiva oficiosa. Fue durante mi gestión, pero ya han pasado dos años. Y ya no estoy al tanto”, reviró.
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