La Suprema Corte de Justicia de la Nación, debatirá qué medidas se deben otorgar a un integrante del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo” para que se le reparen los daños que sufrió durante los acontecimientos que dieron lugar a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Bajo este argumento, los ministros atrajeron el caso relacionado con la desaparición de los 42 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El 26 de septiembre de 2014, varios jóvenes de entre 14 y 17 años, integrantes del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo F.C.” viajaban en un autobús hacia Chilpancingo para regresar a sus casas después de haber jugado un partido de la tercera división.
En un retén, se les impidió llegar a la zona en la que los normalistas antes referidos estaban siendo atacados, y al acercarse al retén, hombres armados dispararon contra el camión hiriendo al chofer, lo que provocó que el vehículo se saliera de la carretera y por el impacto la puerta quedara bloqueada.
Así, los jóvenes, se encontraron atrapados dentro del camión mientras les disparaban de manera indiscriminada y sin cesar muriendo uno de los integrantes del equipo, una señora que estaba cerca y más de 30 personas resultaron gravemente heridas, entre ellos, el chofer, quien murió a causa de esas lesiones.
Una de las víctimas y su familia solicitaron a la Comisión Nacional de Víctimas que se les repararan los daños que sufrieron por esos hechos. Agotados los trámites, dicha Comisión dictó una resolución en la que emitió un plan de reparación. Sin embargo, las víctimas promovieron amparo en contra de dichas medidas al considerar que eran notoriamente insuficientes.
A propuesta del Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, se sostuvo que conocer del asunto permitiría a la Primera Sala fijar un criterio que resuelva cómo se satisface la reparación integral del daño de las víctimas, cómo se deben compensar los daños morales sufridos en estos casos y qué lineamientos deben seguirse para garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas, entre otras cuestiones.
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