/ martes 15 de enero de 2019

Ya hay ex funcionarios procesados por corrupción: Vera

La Fiscalía ya comenzó a recibir casos derivados de los procesos de entrega-recepción

Ya existen 31 ex funcionarios procesados por hechos de corrupción, informó Jorge Alejandro Vera Noyola, titular de la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción.

El funcionario manifestó que derivado de los procesos de entrega-recepción de las administraciones municipales, se han recibido alrededor de cinco casos de diversos municipios en donde se presumen posibles delitos de corrupción, y advirtió que incluso el hecho de negarse a comparecer para aclarar irregularidades, puede llevar a que se le finquen responsabilidades a un ex funcionario.

Puntualizó que los procesos de entrega-recepción aún no concluyen en todos los municipios, por lo que hasta el momento la Fiscalía anticorrupción ha recibido alrededor de cinco casos de diversos municipios y por diferentes circunstancias.

Sin embargo destacó que “como nunca en San Luis Potosí”, hay ya 31 ex funcionarios bajo proceso judicial al considera que existían suficientes pruebas para señalarlos por un acto de corrupción, ya sea por parte de la Visitaduría General de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que es la que investigaba este tipo de delito hasta antes del 21 de agosto del 2018, o por parte de la Fiscalía Especializada.

Manifestó que estos 31 ex funcionarios sujetos a un procedimiento penal, se encuentran pendientes con las audiencias y otros incluso tienen órdenes de aprehensión en su contra, “o están siendo llamados a juicio dependiendo del propio procedimiento, ya sea a través del sistema tradicional o el nuevo sistema, en donde tiene que comparecer ya, algunos que ya están vinculados a proceso”.

Vera Noyola argumentó que por cuestiones de no entorpecer las investigaciones o que se vaya a caer en un acto que derive en impunidad, no se pueden revelar datos específicos de las investigaciones en curso, sin embargo comentó que algunos de los casos son resultado de la revisión de las cuentas públicas, “son diferentes procedimientos que se ha determinado que hay pruebas suficientes para pedir órdenes de aprehensión”.

Ya existen 31 ex funcionarios procesados por hechos de corrupción, informó Jorge Alejandro Vera Noyola, titular de la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción.

El funcionario manifestó que derivado de los procesos de entrega-recepción de las administraciones municipales, se han recibido alrededor de cinco casos de diversos municipios en donde se presumen posibles delitos de corrupción, y advirtió que incluso el hecho de negarse a comparecer para aclarar irregularidades, puede llevar a que se le finquen responsabilidades a un ex funcionario.

Puntualizó que los procesos de entrega-recepción aún no concluyen en todos los municipios, por lo que hasta el momento la Fiscalía anticorrupción ha recibido alrededor de cinco casos de diversos municipios y por diferentes circunstancias.

Sin embargo destacó que “como nunca en San Luis Potosí”, hay ya 31 ex funcionarios bajo proceso judicial al considera que existían suficientes pruebas para señalarlos por un acto de corrupción, ya sea por parte de la Visitaduría General de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que es la que investigaba este tipo de delito hasta antes del 21 de agosto del 2018, o por parte de la Fiscalía Especializada.

Manifestó que estos 31 ex funcionarios sujetos a un procedimiento penal, se encuentran pendientes con las audiencias y otros incluso tienen órdenes de aprehensión en su contra, “o están siendo llamados a juicio dependiendo del propio procedimiento, ya sea a través del sistema tradicional o el nuevo sistema, en donde tiene que comparecer ya, algunos que ya están vinculados a proceso”.

Vera Noyola argumentó que por cuestiones de no entorpecer las investigaciones o que se vaya a caer en un acto que derive en impunidad, no se pueden revelar datos específicos de las investigaciones en curso, sin embargo comentó que algunos de los casos son resultado de la revisión de las cuentas públicas, “son diferentes procedimientos que se ha determinado que hay pruebas suficientes para pedir órdenes de aprehensión”.

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