El mayor riesgo en el campo potosino, generado ante la pandemia de Covid-19, se encuentra en las trabajadoras y los trabajadores que son contratados como jornaleros agrícolas, ya que a la mayoría no se les otorga seguridad social.
Así se informó desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, dependencia que señaló que “muchos de ellos son traídos de otros estados o personas que viajan de un municipio a otro”, ante ese panorama, lo ideal sería que por lo menos estén adheridos al INSABI.
Se refirió que “desde 1990, hasta el 2018 existió el programa federal de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas que operaba SEDESOL”.
Hoy, en Ciudad del Maíz por ejemplo, grupo Ceuta -dedicado a los invernaderos-, construyó dormitorios, baños, e incluso cuentan con espacios para lavar su ropa, además de que sus instalaciones les permiten no estar hacinados.
La SEDARH busca que los espacios que se les asignan para habitar, mientras dura la cosecha, cuenten con servicios básicos, “en la huasteca hay un albergue que en su momento construyó Sedesol”.
Aunque lo ideal ante la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 sería que las y los jornaleros cuenten con cobertura médica.
Se precisó que en el Estado, quien revisa las condiciones laborales es la Secretaría del Trabajo, la SEDARH no tiene injerencia en ese tema, “ellos inspeccionan, e incluso han puesto multas a quienes contratan menores de edad”.
Lo que se hace actualmente en las empresas agroalimentarias es mantener todas las medidas preventivas, se toma la temperatura, se brinda gel, se promueve el lavado de manos, e incluso en el transporte se procura la sana distancia y el uso de cubrebocas como obligatorio, todo para prevenir algún brote
Otro tema es la disminución de movimiento generado por la disminución en empleos, “aunque este es un ciclo normal, ya que terminó la zafra y la producción en invernaderos, a partir de los meses de agosto a septiembre se reanudan las contrataciones”.
A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos le preocupa la prolongada sequía en el Estado “porque si se produce menos, se gana también menos y podrían perderse más empleos”.
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